WASHINGTON (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció un acuerdo con el gobierno de México, que finalmente aceptó reiniciar la investigación y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero dejó en claro que no permitirá que extranjeros interroguen a elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. El rechazo del gobierno de Enrique Peña Nieto al interrogatorio a militares por parte del GIEI contradice la aceptación del acuerdo de 10 puntos, porque el acceso a aquéllos es un aspecto fundamental en la reapertura de la pesquisa. “Se acordó sacar la investigación de la SEIDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”, precisó Ángela Buitrago –una de los cinco integrantes del GIEI– durante una audiencia de “oficio” sobre el caso Ayotzinapa en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la capital estadunidense. Añadió: “Se ha decidido relanzar la búsqueda de los 43 estudiantes”. Al concluir la audiencia de oficio sobre el caso Ayotzinapa, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el acuerdo es un paso hacia adelante para resolver el asunto de los normalistas, pero subrayó que no se permitirá al GIEI que interrogue directamente a los militares. “Esta diligencia tiene que hacerse a través del Ministerio Público (MP)”, sentenció Campa Cifrián. El GIEI, agregó, puede entregar preguntas por escrito, pero que éstas serían formuladas por el MP. La cerrazón del gobierno de Enrique Peña en ese punto se debió a que en la audiencia de oficio, la CIDH cuestionó las declaraciones del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien dijo que sólo las autoridades mexicanas pueden interrogar a los militares. La CIDH preguntó directamente al gobierno mexicano si el secretario de la Defensa es quien tiene la última palabra en el caso de los militares o el presidente de la República, como lo establece la Constitución Política. “El presidente”, respondió Campa Cifrián. En una conferencia al término de la audiencia, Buitrago caracterizó así el ofrecimiento de Campa Cifrain, en el sentido de que el GIE puede interrogar a los militares a través del MP. “Sería como si en esta conferencia de prensa alguien preguntara por usted”, dijo al reportero que formuló la pregunta. El caso de los militares del Batallón de Infantería de Iguala se posicionó como el principal obstáculo y punto de diferencia en el acuerdo, sobre todo porque el GIEI reiteró que en seis ocasiones han pedido el acceso a los soldados. Pero el subsecretario de Gobernación puntualizó que los militares no están acusados de nada. “Tenemos nuestras dudas, porque los militares estuvieron presentes el 26 y el 27 de septiembre, los días que desaparecieron los estudiantes”, declaró Claudia Paz y Paz, otra integrante del GIEI. La nueva investigación, conforme al acuerdo, estará “exclusivamente” a cargo del subprocurador de Justicia Eber Betanzos, con el GIEI como coadyuvante. Los 10 puntos del compromiso, que en términos coloquiales elimina la “verdad histórica” definida por el exprocurador Jesús Murillo Karam, son los siguientes:

1. Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.
2. En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, y c) se consense el modo en que se realizará el estudio.
3. La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia y de confianza, con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.
4. Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos y b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo, tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe sobre Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.
5. A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes, y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.
6. Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.
7. La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones con el GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos, tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.
8. El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado un documento de criterios sobre atención a las víctimas.
9. Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.
10. El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.

La CIDH tiene hasta el próximo miércoles 28 para determinar si da un lapso de seis meses más al GIEI, para que ahora, en esta segunda etapa, coadyuve en la investigación que estará a cargo de la Subprocuraduría General de Justicia sobre Derechos Humanos.