MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. El nuevo órgano tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos integrantes de otras instancias de la Administración Pública Federal. Además, contará con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento. Según el acuerdo publicado este martes, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura podrá requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR o de otras instancias, toda la información que sea necesaria para la indagatoria del delito. De igual manera, podrá solicitar de las instancias judiciales, penitenciarias federales o locales, el traslado de internos de su lugar de reclusión a otros centros de internamiento, salvaguardando sus derechos humanos. De acuerdo con la PGR, dicha Unidad –adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF)– será el canal único de atención para evitar duplicidad de esfuerzos, así como para tener el control y seguimiento eficaz y eficiente para fortalecer la investigación y persecución del delito de tortura. También dará cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos con las condiciones adecuadas e idóneas para garantizar una actuación oportuna, diligente y esmerada. El titular de la Unidad Especializada tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, y será designado y removido libremente por la procuradora General de la República, quien también determinará la organización y funcionamiento de la misma, y adscribirá orgánicamente las unidades administrativas que la integran. Hasta ahora, el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias era el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul. Fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2000. El propósito del Protocolo de Estambul es servir como una guía internacional para investigar casos de posible tortura y reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras. El manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente sobre cómo reconocer y documentar síntomas de tortura, con el fin de que la documentación pueda ser útil como evidencia válida en la corte. Hasta ahora, el gobierno mexicano se ha mostrado renuente a aceptar que en México la tortura es una práctica frecuente de las mismas corporaciones encargadas de impartir justicia y brindar seguridad.