MÉXICO, DF (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró un expediente de queja por la detención de cuatro maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, quienes fueron trasladados el pasado jueves al penal de alta seguridad del Altiplano. De acuerdo con el ombudsman Luis Raúl González Pérez, el jueves 29 recibió “un escrito de queja por detención-desaparición”, de los docentes Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García. Entrevistado al término de su participación en el evento conmemorativo del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el funcionario explicó que una vez recibido el documento, la CNDH ubicó a los profesores como detenidos, por lo que inició el trámite de investigación “como se tratan todas las quejas”. González Pérez afirmó que en las valoraciones del caso se tomará en cuenta si las detenciones respondieron al cumplimiento de órdenes de aprehensión. De ser así, añadió, verán si se llevaron a cabo con base en el respeto de los derechos humanos y si se violentó el derecho a la educación de los menores. “Tenemos que ver el interés superior de los menores, no perdamos de vista el derecho a la educación a favor de los menores. Los menores tienen derecho a que se les de educación y las personas tienen derecho a que se les respeten los derechos humanos. En ese sentido es que la CNDH evaluará”, dijo. Sobre si el derecho a la educación está por encima del de la protesta, González Pérez recordó que él se pronunció a favor del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, pero “en términos que prevé la ley, la protesta pacífica, la protesta sin violencia, la protesta sin armas, en ese sentido la protesta será legítima. Si cumplen los parámetros que establece la Constitución y los tratados internacionales, no se pueden inhibir los derechos, sino ponderar los derechos y armonizarlos”. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, rechazó que las detenciones de los integrantes de la CNTE respondan a un castigo contra la oposición a la reforma educativa. Son, dijo, por “violaciones a la ley (…) las protestas justificadas no son tampoco argumento para violentar la ley”. Abordado al término de su participación en el acto conmemorativo del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el funcionario sostuvo que las protestas encabezadas por maestros de la CNTE provocaron también “también un reclamo muy importante de la sociedad de que frente a las violaciones a la ley no se actúa conforme a derecho, a partir de justificaciones de índole político o social”. El funcionario dijo que el tema de las detenciones de los maestros “tiene que ver con garantías de debido proceso (…). El Ministerio Público está planteando que se han cometido delitos y ha correspondido a las autoridades judiciales determinar lo conducente, y a estas le corresponde resolver la situación jurídica de estas personas”.