CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Los padres de seis de los 15 jóvenes asesinados hace casi seis años en la colonia Villas de Salvárcar, solicitaron una entrevista con el Papa Francisco para que los reciba cuando visite Ciudad Juárez en febrero de 2016. El domingo 1 de noviembre harán el anuncio formal luego de una misa que celebrarán justo en la casa donde, el 31 de enero de 2010, un comando de presuntos narcotraficantes irrumpió en una fiesta y desató una balacera contra los asistentes. Los padres de familia informaron en conferencia de prensa que enviaron un escrito al presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a Chihuahua, donde inauguró la Ciudad Judicial y clausuró la Conferencia Anual de Municipios. Leída por Luz María Dávila, madre de Marco y José Luis, asesinados aquel día, la carta denuncia la indolencia de las autoridades federales y estatales para indemnizar a familiares de los deudos y a las personas que resultaron lesionadas. Dijeron que desde el ataque armado, las autoridades han investigado el hecho en el fuero común, a pesar de que hubo actuación de la delincuencia organizada. Por esta razón, el pasado 25 de enero los familiares interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con el abogado Gustavo de la Rosa Hickerson, los padres de las víctimas no han recibido respuesta del presidente Peña Nieto. Los deudos denunciaron que, en el caso del gobierno estatal, a pesar de que el Congreso del Estado ya aprobó hace meses la Ley Estatal de Víctimas, el gobernador César Duarte Jáquez no la ha firmado para su publicación. Además, reclamaron que de los siete mil millones de pesos del programa federal "Todos somos Juárez" no separaron una partida para reparación de daños de las víctimas. En marzo pasado, los familiares tenían programada una cita con la exsubsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón. No obstante, para esa fecha ella ya no ocupaba el cargo. Entonces exigieron una entrevista con el actual titular de la dependencia, Roberto Campa. A casi seis años de la tragedia, las autoridades sólo han detenido a cuatro personas, de las alrededor de 20 que participaron en el crimen. Peor aún, uno de ellos, Israel Arzate, fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque se demostró que hubo tortura en su detención.