En breve, resolución de la SCJN sobre permiso a la trasnacional Monsanto

lunes, 5 de octubre de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dará a conocer el próximo miércoles 7 su decisión sobre tres amparos que interpusieron comunidades mayas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán contra el permiso de siembra de soya transgénica que se otorgó a la multinacional Monsanto en la Península. Este lunes, pobladores de las distintas comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil reiteraron su llamado a los ministros para que apliquen el principio de precaución, ante los posibles daños a más de 15 mil familias apícolas campesinas e indígenas por la instrumentación del modelo de monocultivo de soya transgénica en la región. Desde 2012 las comunidades denunciaron que al permitir de manera discrecional la siembra de 253 mil hectáreas de soya genéticamente modificada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pisoteó su derecho a la consulta libre, previa e informada, amenazó a su principal fuente de ingresos (la apicultura) y violó sus derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Los apicultores y las organizaciones también repudiaron la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de dar su visto bueno al proyecto, haciendo caso omiso a tres dictámenes contrarios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). De acuerdo con la Conabio, la siembra de soya transgénica en la región no es viable, “dada la coincidencia geográfica (con) las zonas de producción de miel”. Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, destacó que a nivel internacional el modelo de monocultivo intensivo de transgénicos ha generado la deforestación, y la fumigación masiva con pesticidas y herbicidas sobre los plantíos, ha llevado a un declive dramático de las poblaciones de abejas. “La apicultura es una herencia milenaria que vamos a defender con uñas y dientes”, subrayó a su vez Angélica María, representante del municipio de Hopelchén, quien dijo que en Campeche los productores de soya “deforestan bosques milenarios, perforan pozos de forma ilegal para regar la soya, y con la fumigación se filtran los agrotóxicos en el agua que nosotros consumimos”. Además, advirtió, al nutrirse del néctar de la soya transgénica, las abejas producen una miel con residuos de ese tipo, y el mercado principal de exportación de la miel mexicana es la Unión Europea (UE), cuya reglamentación en la materia es muy estricta. Apenas ayer, 19 países de la UE prohibieron el cultivo de organismos genéticamente modificados. Y al verse impedido el acceso al mercado europeo, los productores tendrán que reorientar sus ventas hacia otros países que pagarán precios más bajos por la mil, señalaron los pobladores y organizaciones inconformes. “Nuestro principal ingreso económico viene de la miel, con ella damos educación y alimentación a nuestros hijos, y hay toda una cadena de personas que se beneficia de ella”, aseveró Leydi Pech, integrante del Colectivo Agrícola Chenero. Luego de que la Sagarpa se unió a Monsanto para impugnar las decisiones judiciales que en su momento bloquearon la siembra de soya transgénica, Luis Miguel Cano, uno de los abogados que acompaña el caso, sostuvo que el papel del Poder judicial “es fundamental, porque la apuesta del Poder Ejecutivo consiste en ir con todo hacia los megaproyectos”. Uno de los puntos centrales sobre los cuales dictaminará la SCJN este miércoles consistirá en su interpretación del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas respecto de los proyectos que afectan sus territorios, tal como lo plantea el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que México ratificó en 1991. “El derecho a la consulta no es una dádiva, es una obligación del Estado mexicano”, subrayó Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez (Centro ProDH), al exhortar a los ministros a que apliquen los estándares más altos en la materia. “La peor catástrofe sería que la SCJN reconociera límites a este derecho”, abundó Cano. “El debate aquí se enfoca sobre el modelo agrícola que requiere México: uno quiere alimentar a la gente y respetar la naturaleza, y en el otro prevalecen las ganancias sobre el medio ambiente y la salud”, añadió Remy Vandame, que integra la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). Para empujar a los ministros de la SCJN a dictaminar a favor de los pobladores mayas, un apicultor de Hopelchén publicó hace cinco días una petición en la plataforma Change.org que ya recolectó más de seis mil firmas. Después de esta decisión, la SCJN todavía tendrá que fallar sobre otros cuatro recursos de amparo.

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