MÉXICO, D.F., (apro).- El Sexto Tribunal Unitario del Distrito Federal confirmó la libertad de 11 personas que fueron detenidas el 20 de noviembre del 2014 tras la manifestación en el Zócalo capitalino en apoyo a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. El juez concluyó que las personas capturadas aquella noche tras enfrentamientos entre policías federales y locales y jóvenes manifestantes fueron acusadas “de manera maliciosa por delitos que no cometieron”. Agregó que las autoridades que los presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) no mostraron videos ni pruebas adicionales sobre los actos de violencia que les imputaron al término de la marcha, una de las más numerosas que se ha hecho por el caso Ayotzinapa. El tribunal consideró que los testimonios de los policías que los detuvieron no eran creíbles; razón por la que confirmó su nulidad. Además, aclaró que las detenciones no se realizaron en flagrancia, como argumentó el Ministerio Público Federal. Por ello, los declaró totalmente absueltos de cualquier delito. La detención de las 11 personas se realizó durante la segunda mega manifestación de noviembre del año pasado que se desarrolló sobre el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino. Aquella noche del jueves 20, cuando terminó el mitin en la principal plaza pública del país, la policía comenzó a desalojar el lugar. Fue entonces cuando las 11 personas fueron detenidas en calles aledañas y establecimientos comerciales y trasladadas al ministerio público de la PGR. Menos de 24 horas pasaron cuando fueron enviados a penales de máxima seguridad: ocho hombres al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, en Villa Aldama, Veracruz, y tres mujeres en el Cefereso 4, en Tepic, Nayarit. Tras manifestaciones y la defensa de organizaciones sociales, los 11 fueron liberados el 29 de noviembre, aunque su proceso continuó hasta este jueves, cuando el juez federal los absolvió. Tras el fallo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización defensora de los manifestantes, exigió a la PGR aceptar el fallo del Poder Judicial y cerrar “de manera definitiva” la segunda averiguación previa que existe contra los liberados por los delitos de terrorismo y delincuencia organizada, ya que esa indagatoria se inició por los mismos hechos del 20 de noviembre.