MÉXICO, D.F., (apro).- El Comité contra la tortura de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) encontró responsable al Estado mexicano de actos de tortura cometidos por personal militar contra cuatro civiles en instalaciones castrenses, para implicarlos en delitos de secuestro y delincuencia organizada, por lo que ordenó su pronta liberación. La resolución del CAT “es histórico”, consideró José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), presentó el caso en marzo de 2012. Y es que en su resolución, además de la liberación de los cuatro procesados e investigar las denuncias de tortura, el CAT ordena al Estado mexicano a “eliminar la figura del arraigo de su ordenamiento jurídico y ajustar el Código de Justicia Militar plenamente a las sentencias de la Corte Interamericana delos Derechos Humanos”, medidas de las que el Estado está obligado a informar en un plazo no mayor a 90 días. En el número 1722, Proceso documentó las torturas sufridas por Orlando Santaolaya Villareal, Ramiro López Vázquez y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez quienes fueron detenidos en un operativo militar el 16 de junio de 2009 en Playas de Rosarito, Baja California. Los cuatro fueron arraigados en instalaciones militares, torturados y remitidos el 31 de julio al penal de máxima seguridad de El Rincón, Nayarit. El caso fue llevado al CAT después de que se les confirmó el auto de formal prisión a pesar de que denunciaron la detención ilegal, tortura e incomunicación por parte de militares ante el juez de la causa, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin obtener justicia. En conferencia de prensa, Mayra López Vázquez, hermana de Ramiro, informó en conferencia de prensa, que tras la notificación del CAT, el pasado 24 de septiembre, “se ingresó la resolución al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Nayarit, que estaría en proceso de emitir sentencia. López denunció que el juez de Distrito se negó a tramitar la denuncia por tortura, a “pesar de que es un procedimiento de oficio”, y que ha mantenido a los jóvenes en prisión a pesar de que la única prueba que hay en contra de los jóvenes son las declaraciones prefabricadas de la PGR firmadas con los ojos vendados por los hermanos Ramírez y Orlando en instalaciones de la II Zona Militar, con sede en Tijuana, y a pesar de que su hermano se ha negado hasta ahora a admitir cualquier tipo de responsabilidad. Las inconsistencias en el expediente, explicó, se refieren a que “la casa en la que según el parte informativo de los militares detuvieron a los cuatro, donde estaba un secuestrado y armas, no existe, según pudo comprobar un actuario del juzgado”. Mayra López lamentó que a la fecha la CNDH no haya emitido una recomendación por la tortura sufrida por los jóvenes y narró que la queja había sido cerrada al considerar que los abusos cometidos por los militares eran “fallas administrativas” a pesar de que, por los golpes, su hermano Ramiro perdió el oído, a Ramiro Ramírez le fue dislocada la mandíbula y no puede hablar ni comer bien, y Orlando ha sido operado en dos ocasiones de la columna. “A pesar de que no hay una recomendación, la CNDH nos ha buscado para que nos acerquemos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los cuatro sean indemnizados, pero no hemos aceptado porque queremos primero la recomendación”, apuntó. José Antonio Guevara, calificó como “inaceptable” la demora del ombudsman Luis Raúl González Pérez para emitir la recomendación. “Todo parece indicar que esa tardanza se inscribe en la buena relación que tiene con la Sedena y mantener el discurso de que las recomendaciones contra esa institución van a la baja”, lamentó. La actitud de la CNDH es inexplicable, dijo, porque “la Sedena reconoció que causó daños a estas cuatro personas, de tal manera que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las inscribió en el padrón de víctimas”. En la resolución 500/2012, el CAT instruye a Estado mexicano a iniciar una “investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura”; procesar y castigar a los responsables de los abusos cometidos; determinar “la inmediata puesta en libertad” de las víctimas, y reparar sus daños, “incluida una indemnización justa y adecuada a los autores y sus familias y un rehabilitación lo más completa posible”. El CAT ordenó a México “eliminar la figura del arraigo de su ordenamiento y ajustar el Código de Justicia Militar plenamente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que toda violación de derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria”. Guevara Bermúdez sostuvo que “México está obligado a cumplir la sentencia del CAT, porque de manera libre y soberana aceptó la competencia de ese órgano de la ONU para conocer de comunicaciones individuales el 3 de mayo de 2002”. En la conferencia de prensa, participaron también Javier Enriquez Sam, director del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), y Madeleine Penman, de Amnistía Internacional (AI). El primero certificó las secuelas físicas y psicológicas de la tortura en los cuatro jóvenes, así como la falta de atención médica dentro del pena de Nayarit, en tanto que la activista de AI, recordó que el caso de los cuatro jóvenes detenidos en Playas de Rosarito por elementos miliares, forma parte del informe de su organización “Fuera de Control, Tortura y Malos Tratos en México”.