'Insuficiente”, la acción federal para erradicar crimen en Michoacán: CNDH

jueves, 12 de noviembre de 2015
MÉXICO, DF (apro).- Los esfuerzos del gobierno federal en “identificar y erradicar” a grupos del crimen organizado en Michoacán han sido “insuficientes”, acusó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. En rueda de prensa para presentar el “Informe especial sobre los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán y las violaciones a derechos humanos”, el ombudsman reconoció que ante “la acentuada debilidad de Michoacán en su estado de derecho, porque no había forma que se esperara justicia”, es que se dio pauta al surgimiento de grupos de autodefensas en esa entidad, que tenían influencia en 56.10% del territorio estatal. González Pérez destacó que en un primer momento se puede identificar a autoridades estatales y municipales por no tomar las medidas necesarias para evitar no sólo el crecimiento de la delincuencia ordinaria sino la organizada. “Desde luego que tratándose del crimen organizado debe voltearse a ver a las autoridades federales que deben de combatirla”, sentenció el ombudsman, quien acotó que “la intervención de la autoridad federal fue insuficiente en su primera etapa y, aunque en la última hubo avances, en ese aspecto los esfuerzos todavía son insuficientes para identificar y erradicar de ahí a estos grupos delictivos”. De la investigación que duró casi dos años –inició en diciembre de 2013 con su antecesor Raúl Plascencia Villanueva--, el ombudsman dijo que se violentaron los derechos humanos a la “seguridad y paz pública, a la vida, a la libertad, al trato digno, a la seguridad e integridad personales, a la libertad sexual, a la propiedad y al acceso a la justicia”, así como a los derechos sociales, y la educación. “El estado de Michoacán tuvo una acentuada debilidad del estado de derecho, propiciando que se generaran grupos que pretendieron hacer justicia por propia mano, que en principio surgieron en sus municipios, pero algunos grupos se extendieron hacia otros municipios, y también hay referencia de la comisión de conductas que antes cometían las organizaciones criminales”, puntualizó González Pérez. De acuerdo con el expediente, a cargo del segundo visitador Enrique Guadarrama, en el trabajo de campo identificaron a 3 mil 27 víctimas, de las que 575 son directas, 341 indirectas y 2 mil 111 referidas en testimonios recabados en 73 municipios visitados. Guadarrama explicó que entre los delitos graves identificados por los visitadores están 524 secuestros, 472 homicidios y 157 privaciones ilegales de la libertad, casos que de ser investigados podrían reclasificarse como desapariciones. Según los testimonios recabados, durante la operación del cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán se registraron diversos casos de “violencia sexual” contra niñas y mujeres, reveló Guadarrama. Luego explicó que por la violencia agravada entre 2011 y 2012 la CNDH documentó 504 casos de desplazamiento de la entidad, sobre todo a Colima y Estados Unidos. El informe, que comprende 58 tomos con 28 mil 445 fojas, contiene 55 propuestas dirigidas a la PGR (7), a la Comisión Nacional de Seguridad (5), al gobierno del estado (24), al Congreso local (12) a los ayuntamientos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (tres a cada una). Entra las propuestas formuladas a la PGR destaca realizar investigaciones de denuncias de víctimas de Los Templarios y de las autoridades que estuvieron coludidas con ellos, así como determinar la licitud del financiamiento de los grupos de autodefensa. A la CNS se le recomendó coordinarse con autoridades estatales y municipales “para restablecer la seguridad y la prevención del delito”, así como “evitar la tolerancia en la conformación y operación de grupos de ciudadanos armados”. En cuanto al gobierno de Michoacán, el informe recomendó que elabore “diagnósticos” sobre la Unidad de Fuerzas Rurales y la Secretaría de Seguridad Pública, y otro de la procuración e impartición de justicia en la entidad, así como “investigar acusaciones contra integrantes de grupos de autodefensa sobre infiltración de la delincuencia organizada, así como indagar la desaparición de personas, acción que incluya ubicación de fosas clandestinas y exhumaciones, así como presentar iniciativa de ley para tipificar el delito de desapariciones forzadas”.

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