MÉXICO, D.F. (apro).- Con la creación de dos nuevas leyes, una para prevenir, investigar y sancionar la desaparición, y otra con los mismos objetivos pero para la tortura, presentadas hoy al Senado para su discusión, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en estar comprometido con la dignidad humana y el fortalecimiento de las instituciones en la defensa de derechos fundamentales. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Peña Nieto sostuvo que, para su gobierno, el combate a la desaparición forzada y la tortura se considera una condición básica para lograr la plena vigencia del estado de derecho. Durante el evento de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario federal expuso lo que definió como cuatro instrumentos básicos de la que presentó como Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, cuyo articulado firmó al término de la ceremonia. Los cuatro instrumentos son: un Sistema Nacional de Búsqueda que active a los cuerpos de seguridad en las operaciones de localización de personas desaparecidas apenas se reporte o denuncie un hecho. Además, una nueva base de datos de personas desaparecidas que permita a las familias dar seguimiento a los casos, con información actualizada que conformará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. También se prevé la creación de un Registro Nacional Forense, que empleará procedimientos científicos y tecnología e avanzada para localización e identificación de desaparecidos y, finalmente, un Consejo Nacional Ciudadano que asesorará al Consejo Nacional de Búsqueda y que será integrado por especialistas, defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos. La iniciativa se anunció durante el evento, en el que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, observara en su propio discurso que los diferentes compromisos asumidos por Peña Nieto, en cuanto a la problemática de la desaparición de personas, no se habían concretado. También luego de que la religiosa Consuelo Morales Elizondo, galardonada con el mencionado Premio Nacional de Derechos Humanos, expuso diferentes aspectos críticos de las políticas públicas y de indiferencia gubernamental, para después pedir al mandatario federal que “se dejara tocar el corazón” por el dolor de las víctimas. Respecto de la iniciativa de Ley General contra la Tortura, el presidente enumeró las nuevas instancias que se crearían de aprobarse el proyecto. Se trata de unidades especializadas en el orden federal y las entidades federativas para investigar el delito. Además, la creación de un mecanismo nacional de prevención, integrado por el ombudsman nacional y sus homólogos locales, asesorados por expertos internacionales para implementar las “mejores prácticas internacionales”. Finalmente, se crearía el Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos Inhumanos y Degradantes, integrado por las bases de datos de la Procuraduría General de la República y las procuradurías de Justicia locales. Peña Nieto explicó que ambas iniciativas fueron producto de una amplia consulta con especialistas, académicos, defensores de derechos humanos y víctimas, y enriquecidas por organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional (CRI).