MÉXICO, DF (apro).- Luego de detectarle graves síntomas intestinales, médicos del Hospital Ángeles de Interlomas operaron este viernes a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, para prevenirle una peritonitis. Después de la cirugía, que duró alrededor de cinco horas, la salud de Gordillo –internada en ese nosocomio desde el pasado 18 de noviembre por dos aneurismas– se reportó como estable, y permanecerá hospitalizada de manera indefinida, según información difundida en Radio Fórmula. También se dio a conocer que de acuerdo con los resultados de los análisis médicos que se le han realizado en los últimos días, no es conveniente operar a la exlideresa magisterial de los dos aneurismas porque eso pondría en riesgo su vida. Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca, bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de un presunto desvío de mil 978 millones de pesos de las cuotas del sindicato magisterial. Desde su llegada al penal de Santa Martha Acatitla, Gordillo pidió ser atendida en una clínica privada, pero las autoridades rechazaron esa petición, y el 3 de octubre de 2014 la enviaron a la Torre Médica del Reclusorio Femenil de Tepepan para ser atendida de hepatitis tipo C, descalcificación y aneurismas cerebrales, donde permanecía hasta ser trasladada al Hospital Ángeles de Interlomas. El pasado 14 de octubre la Procuraduría General de la República informó que la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, saldría del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, pero únicamente para recibir atención médica. Ese día la dependencia precisó en un comunicado que el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la causa penal 11/2013-I, resolvió un acuerdo sobre la solicitud del abogado particular de Gordillo para que se le brindara atención médica a su cliente. El auto judicial instruía a las autoridades penitenciarias para que procedieran conforme a sus atribuciones, es decir, facilitar el traslado de Elba Esther Gordillo Morales y supervisar cualquier tema de seguridad que se requiriera para la atención médica que necesitara fuera del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. El texto de la PGR destacaba que el acuerdo no estaba relacionado con el incidente para otorgar prisión domiciliaria a la acusada, ni implicaba que se determinara su libertad personal. En ese sentido, apuntó que “respeta el proveído jurisdiccional, el cual atiende en todo momento los derechos humanos de la procesada”. Casi un mes antes, el 23 de septiembre, el magistrado Luis Pérez de la Fuente negó por segunda vez el beneficio de prisión domiciliaria a la exlideresa magisterial. Su defensa calificó la medida como “un atropello”. El argumento del magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal fue que la orden de aprehensión contra Gordillo ocurrió cuando tenía 68 años, por lo que no era aplicable lo establecido en el artículo 55 del Código Penal Federal. Tampoco le adjudicó el principio de “senilidad o precario estado de salud” para que siguiera el proceso penal en su domicilio particular. La sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad prevé que se trate de una sentencia que se esté cumpliendo o de una condición de senilidad o estado de salud que hagan innecesario seguir en la cárcel. Ninguna de esas condiciones se cumple en este caso, argumentó el magistrado, según un comunicado difundido ese día por el Consejo de la Judicatura Federal. Abundó que Gordillo ha recibido la atención médica necesaria, como lo indica el recurso para solicitar el beneficio, presentado el 6 de febrero, cuando se encontraba internada en el Hospital General Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan. En agosto pasado, la justicia federal se opuso por primera vez a la prisión domiciliaria con el argumento de que la exdirigente sindical se podía ir del país porque tiene casa en San Diego, California. El abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, aseguró que el razonamiento del magistrado “ya raya en lo aberrante”, e insistió en que podría llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene su sede en Washington.