MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la indolencia gubernamental, abogados de los deudos de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, los dos activistas asesinados en la región triqui de Oaxaca, en abril de 2010, anunciaron que asesorarán a dos testigos de los hechos para que soliciten asilo político en Finlandia, porque se encuentran amenazados por paramilitares implicados en el crimen. En vísperas de la sexta visita de los eurodiputados al país para exigir a las autoridades que se castigue a los responsables de las muertes de Cariño y el ciudadano finlandés, Karla Michel Salas y David Peña Rodríguez, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos  (ANAD), denunciaron que pese al clima de violencia y hostigamiento sobre comunidades indígenas de la región triqui autoridades federales y estatales no han atendido la solicitud de brindar protección a dos testigos claves. De manera particular,  acusaron al director de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Garay, de haber incumplido acuerdos previos, en los que comprometía el apoyo de la federación en este caso, por el que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene integradas dos averiguaciones previas por portación ilegal de armas y delincuencia organizada, pero que se encuentran paralizadas. Cariño y Jakkola murieron en una emboscada atribuida a integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuando participaban en una caravana humanitaria para llevar alimentos y medicinas a habitantes de San Juan Copala, comunidad triqui que se encontraba sitiada por paramilitares. A casi cinco años de los hechos, los abogados de los deudos informaron que de las 14 personas identificadas como responsables del ataque armado, sólo se encuentran detenidas dos y uno más murió asesinado. Al señalar que miembros de la Ubisort tienen integradas averiguaciones previas por al menos 40 homicidios en la región triqui, Salas explicó que luego de la última detención, de Elías Cruz Merino, el pasado 20 de enero, dos mujeres que atestiguaron  el ataque, fueron amenazadas de muerte si no retiraban sus señalamientos ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca. “El 25 de enero el líder la Ubisort, Antonio Cruz García, padre de Elías,  quien también es funcionario municipal de Juxtlahuaca, llegó con una camioneta y gente armada a las casas de las testigos y les dijo que iban por ellas para llevarlas a la ciudad de Oaxaca para que se desistieran de la acusación contra Elías, quien hasta el 31 de diciembre fungía como regidor de Educación de ese municipio”, contó Salas. Las mujeres se resistieron a acompañar a Cruz García, “ante el riesgo de ser desaparecidas”, y de inmediato los abogados y Omar Esparza, viudo de Beatriz Cariño y dirigente de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), buscaron el apoyo del gobierno federal para rescatar a las mujeres y a sus familias. “David Garay, que era nuestro interlocutor, no sólo no atendió el llamado sino que dejó de contestar el teléfono, y ante el riesgo que corrían las testigos, no hicimos cargo de su seguridad”, apuntó la abogada. David Peña acusó al funcionario de la Segob de “complicidad” con el grupo agresor, pues lejos de respaldar a los deudos en su búsqueda de justicia “se está poniendo en riesgo la integridad de los testigos, con la finalidad de dejar impune a los integrantes de Ubisort, de  filiación priista y vinculada a los grupo más encumbrados de Oaxaca”. Ante la indiferencia de las autoridades, Peña Rodríguez anunció que en la próxima visita de diputados del Parlamento Europeo, del 17 al 18 de febrero, “vamos a pedirles asilo para las testigos, por cuestiones humanitarias, ante la negativa del gobierno federal y estatal para protegerlas”. Peña Rodríguez reprobó la desprotección, toda vez que el caso ha tenido resonancia internacional y que el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö se reunió para tratar el asunto con el presidente Enrique Peña Nieto a principios de 2013, cuando ambos coincidieron en un evento internacional. “Existen medidas cautelares por parte de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca y de la misma fiscalía, pero esta protección se ha reducido a entregar despensas semanales a las señoras”, apuntó. Omar Esparza, denunció el grupo responsable de la muerte de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola “se mueve en la región triqui con total impunidad; no se ocultan, llevan una vida normal, siguen teniendo el control de los pueblos, siguen armados,  a pesar de que tienen órdenes de aprehensión, mientras que la PGR mantiene congeladas dos averiguaciones previas, por portación de armas de fuego y por delincuencia organizada”. Esparza responsabilizó a los  gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cue Monteagudo de la vida de las testigos de los hechos de sus familias, así como de los abogados y de los miembros de las organizaciones sociales que respaldan su lucha por el castigo a los responsables de las muertes. “Sabemos del poder de movilidad y fuego que tiene ese grupo paramilitar, que opera con total impunidad, sabemos que hoy están en Oaxaca pero mañana pueden venir al DF por los testigos y sus familias, con tal de que los miembros de ese grupo no sean tocados”, resaltó. La próxima semana los eurodiputados se reunirán con autoridades locales de Oaxaca para dar seguimiento al caso, y después se entrevistarán con integrantes el gobierno federal.