MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno de México lamentó la decisión del juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal de Distrito en Brownsville, Texas, quien suspendió provisionalmente las órdenes ejecutivas en materia migratoria emitidas el año pasado por el presidente Barack Obama. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México y la red consular en Estados Unidos se mantendrán atentas a este proceso y al desarrollo de las siguientes etapas judiciales. “La SRE reitera que estos programas significan un remedio migratorio justo para millones de familias y podrían potenciar las significativas contribuciones de los migrantes mexicanos a la economía y sociedad estadounidense”, señala el comunicado. La primera etapa de las medidas migratorias anunciadas por Obama entraría en vigor este miércoles 18 pero el juez señaló que hasta que concluya el proceso judicial iniciado por 26 políticos texanos del partido republicano para analizar las órdenes ejecutivas del presidente, queda suspendida la instrumentación del poder ejecutivo. Con esta orden judicial se suspende temporalmente la versión ampliada de del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y el de Acción Diferida para padres de ciudadanos estadunidenses y residentes legales permanentes (DAPA en inglés). Estas órdenes ejecutivas emitidas por Obama suspenden la deportaciones de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales y cuyos padres de familia los hayan llevado a Estados Unidos cuando eran menores de edad. También otorgan un permiso de trabajo temporal y de residencia, por un plazo de tres años, a los inmigrantes indocumentados que tengan por lo menos cinco años de vivir en Estados Unidos, que carezcan de antecedentes penales, hablen inglés y cumplan con el pago de impuestos atrasados. El fallo del juez establece que ninguna ley puede “darle el poder a un gobierno de otorgar la categoría de presencia legal a 4.3 millones de personas que deben ser deportadas”. El argumento no es sobre la legalidad constitucional de Obama para emitir órdenes ejecutivas, sino sobre el hecho de que el mandatario podría estar cometiendo una omisión constitucional por suspender las deportaciones de inmigrantes indocumentados. “La ley establece y manda la remoción de los individuos cuya presencia en el país es ilegal”, escribió el juez Hanen en la respuesta temporal que dio a los peticionarios. Además el juez Hanen sostiene que la puesta en vigor de las órdenes de Obama costará demasiado dinero el erario de cada uno de los estados de la Unión Americana. Asimismo, la opinión del magistrado federal de Brownsvill, sostiene que los beneficiados por los permisos de residencia y de trabajo temporal podrían inmediatamente ser una carga al erario, ya que a nivel estatal y federal comenzarían a pedir los beneficios a los cuales tienen derecho, los residentes permanentes y los ciudadanos de los Estados Unidos. Desde el pasado mes de noviembre, cuando Obama emitió las órdenes ejecutivas, los republicanos rechazaron la determinación, al considerarla un mandato que debería ser sometido a un juicio político por el abuso de los poderes constitucionales. Obama ofreció a los republicanos (que ahora dominan la mayoría representativa de todo el Congreso federal) que anularía las órdenes ejecutivas si aprobaban una ley migratoria similar o con beneficios todavía mejores. Tras el anuncio del juez texano, la Casa Blanca no tardó en reaccionar y a través de Josh Earnest, vocero de Obama, indicó que “la Corte Suprema de Justicia y el Congreso federal han dejado en claro que el gobierno federal puede establecer las prioridades para instrumentar nuestras leyes de inmigración. “La decisión de la Corte federal de distrito se equivoca al prevenir la instrumentación de estas políticas de sentido común, que son legales; por ello, el Departamento de Justicia ya indicó que apelará esta decisión”, acotó el portavoz.