MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, y con la ausencia de representantes y consejeros legislativos de siete partidos políticos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las Normas Reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos, con el fin de salvaguardar la equidad en la competencia electoral. También aprobó un acuerdo por el que se solicita el apoyo y colaboración de los titulares de los ejecutivos en los tres niveles de gobierno, para evitar el uso electoral de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales. Ambos proyectos fueron pospuestos en la sesión anterior, celebrada el 18 de febrero, a petición del consejero Marco Antonio Baños Martínez, apoyado sólo por los representantes del PRI y PVEM, José Antonio Hernández Fraguas y Jorge Herrera, respectivamente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que no se ha interrumpido la comunicación con los representantes de los otros siete partidos, pero pidió que regresen a la mesa de sesiones “y que aquí, con discusiones tersas o altisonantes, se exprese a plenitud el pluralismo político que atraviesa la sociedad mexicana. “Que se expresen los consensos y los disensos, legítimos todos ellos, de los partidos políticos con las decisiones que toma esta autoridad electoral”, pidió. Córdova Vianello dijo estar consciente de que existen vacíos o imprecisiones en la ley electoral reformada en 2012 y eso seguirá azuzando el debate. Durante la discusión de las normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos, el consejero presidente hizo un llamado para que los servidores públicos se abstengan de realizar actos que puedan interpretarse como violaciones al principio de imparcialidad. La promotora del proyecto mediante el que se llama a funcionarios de gobierno a no intervenir en el proceso electoral en puerta, la consejera Pamela San Martín, explicó que con el llamado del INE a los tres niveles de gobierno --federal, local y municipal-- para que los programas sociales se apeguen a las reglas de operación y se evite su uso con fines electorales, el Instituto fortalece  las acciones que garantizan el principio de imparcialidad que debe regir el servicio público. “Los programas sociales no son, ni pueden ser, un mecanismo gubernamental para incidir en el ejercicio del derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos, sino mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de la población”, dijo. El Consejo General también aprobó por unanimidad los Lineamientos de incorporación de servidores públicos del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), al Servicio Profesional Electoral Nacional. Javier Santiago, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, señaló que la construcción de un servicio electoral de carácter nacional implica un gran reto para el INE, ya que éste debe atender las particularidades de cada uno de los institutos electorales locales, incluso en materia presupuestal. Durante la sesión, las y los consejeros electorales conocieron el Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014; así como el Informe Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva realizadas durante 2014.