Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, continúan en México: AI

miércoles, 25 de febrero de 2015
LONDRES (proceso.com.mx).- En México continúan los atropellos y abusos flagrantes contra los derechos humanos de los ciudadanos, y en el último año se ha registrado incluso un empeoramiento de la situación, concluye el informe anual de Amnistía Internacional (AI) presentado en Londres. El organismo defensor de los derechos humanos dedico varias páginas de su informe a México, país del que dijo recibió nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendicio?n de cuentas de la polici?a y el eje?rcito. "La impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos comunes sigue siendo la norma", indica el documento. "Segu?n datos oficiales, ma?s de 22 mil personas permanecen secuestradas, sometidas a desaparicio?n forzada o en paradero desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero. Las iniciativas de bu?squeda de las personas desaparecidas resultan por lo general infructuosas. Se siguen recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y otros malos tratos, asi? como informacio?n que indica que los agentes federales y estatales del ministerio pu?blico no investigan adecuadamente las denuncias", agregó. Amnistía menciono además que la Suprema Corte de Justicia de la Nacio?n "reforzo? las obligaciones juri?dicas para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura". Sostuvo que siguen atribuyéndose muchas violaciones de derechos humanos a soldados y miembros de la Marina, que continúan siendo desplegados en gran nu?mero en operaciones de mantenimiento del orden, incluida la lucha contra la delincuencia organizada. "Tras de?cadas de campan?as por parte de organizaciones de vi?ctimas y de la sociedad civil, se abolio? el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles. Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren hostigamiento, amenazas y homicidio. Algunos enfrentan cargos penales por motivos poli?ticos. Los migrantes irregulares en tra?nsito siguen viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, extorsio?n, violencia sexual y trata de seres humanos; los responsables rara vez han comparecido ante la justicia", detalla el documento. A pesar de la existencia de leyes para combatir la violencia contra las mujeres, "la violencia de ge?nero es habitual en muchos estados" y subraya que los proyectos de desarrollo y explotacio?n de recursos que afectaban a comunidades indi?genas en diversas partes del pai?s "provocan protestas y demandas de un proceso adecuado de consulta y consentimiento". Según AI, a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsa su programa de reformas legislativas, que afecta a los sectores de la energi?a, la educacio?n, las telecomunicaciones y la organizacio?n poli?tica "hay escasas muestras de que se hubieran adoptado medidas sustanciales para abordar la situacio?n de los derechos humanos". Varios estados, entre ellos, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, "adoptaron o intentaron adoptar leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de mantener el orden durante las manifestaciones", que sin embargo "no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y suponen una amenaza para la libertad de expresio?n y asociacio?n". En respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigen justicia en el caso de 43 estudiantes vi?ctimas de desaparicio?n forzada, Amnistía reporta que el presidente Pen?a Nieto anuncio? el 27 de noviembre una serie de medidas poli?ticas y legislativas, entre ellas un cambio constitucional que otorgari?a a los estados control sobre la polici?a local. De todos modos, aclara que a pesar de que la versio?n oficial sostiene que la violencia relacionada con la delincuencia organizada ha disminuido, denuncia que la situacio?n sigue siendo grave. "La cifra total de homicidios en los nueve primeros meses del an?o fue de 24 mil 746, frente a los 26 mil 001 del mismo periodo de 2013. En septiembre, un estudio oficial de a?mbito nacional estimo? que en 2013 se habi?an producido 131 mil 946 secuestros, frente a los 105 mil 682 de 2012. En muchos estados, el eje?rcito y la Marina continúan desempen?ando labores policiales, a menudo sin una rendicio?n de cuentas efectiva, lo que se traduce en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales", subraya el informe. En respuesta a los altos niveles de violencia de la delincuencia organizada, "a menudo con la connivencia de las autoridades locales, en el estado de Michoaca?n emergieron varios grupos de autodefensa conformados por civiles armados". Con respecto al tema de las desapariciones, la ONG británica indica que estas segui?an siendo abundantes. "El paradero de la mayori?a de las vi?ctimas sigue sin revelarse. Durante el an?o, varias autoridades federales realizaron una serie de declaraciones contradictorias sobre la cifra de denuncias de personas desaparecidas cuyo paradero continuaba sin ser desvelado. En agosto, el gobierno reconocio? que habi?a 22 mil 611 personas desaparecidas, de las que 9 mil 790 habi?an desaparecido durante el actual gobierno, y 12 mil 821 durante el gobierno del presidente Felipe Caldero?n (2006-2012). El gobierno no hizo pu?blica la metodologi?a empleada para obtener esas cifras. La impunidad sigue siendo la norma en los casos de desaparicio?n forzada", señala. Amnistía se refirió al caso de Ayotzinapa. Recordó que en septiembre, la polici?a municipal de la ciudad de Iguala, en connivencia con delincuentes organizados, fue responsable de la desaparicio?n forzada de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Las investigaciones revelaron la existencia de varias fosas comunes y un vertedero que conteni?a restos humanos. En noviembre, el procurador general de la Repu?blica anuncio? que la principal li?nea de investigacio?n, basada en los testimonios de tres miembros de la banda delictiva aparentemente implicados en el caso, indicaba que los estudiantes habi?an sido asesinados, quemados y arrojados a un ri?o. "Su anuncio no aborda los niveles generales de impunidad, corrupcio?n y casos de desapariciones sin resolver en Me?xico. Ma?s de 70 funcionarios pu?blicos locales y miembros de la banda delictiva fueron arrestados y procesados en relacio?n con este caso. No se proporciono? informacio?n relativa a la posible responsabilidad, por accio?n u omisio?n, de funcionarios pu?blicos estatales o federales", agrega la nota. El 7 de diciembre, la Procuraduri?a General de la Repu?blica anuncio? que expertos forenses independientes habi?an identificado los restos de uno de los estudiantes. "Al terminar el an?o, segui?a sin conocerse el paradero de los otros 42". El informe menciona también la cuestión de detenciones arbitrarias y la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las fuerzas armadas y de la polici?a federal, estatal y municipal, que denunció "siguen siendo generalizados en todo el pai?s". "Estas pra?cticas se utilizan a menudo para arrancar 'confesiones' y otro tipo de informacio?n a fin de realizar investigaciones penales, o con otros propo?sitos como, por ejemplo, la extorsio?n. Pese a que se registraron decenas de denuncias a nivel federal y estatal, fueron pocos los procesamientos, y pra?cticamente no se dictaron condenas contra los funcionarios responsables", explicó el documento. Agregó que, como en an?os anteriores, el dictamen me?dico/psicolo?gico especializado de la Procuraduri?a General de la Repu?blica para supuestos de posible tortura no se aplico? en la mayori?a de los casos. "En las contadas ocasiones en las que se realizo?, los resultados fueron normalmente desfavorables al denunciante. En general, los funcionarios no aplican el procedimiento dispuesto en los principios del Protocolo de Estambul, que incluyen la celeridad y la obligacio?n de ofrecer resultados completos a las vi?ctimas", subraya. Con respecto a la situación de periodistas y defensores de derechos humanos, Amnistía denunció que estos sufrieron ataques, amenazas o fueron vi?ctima de homicidio como represalia por desempen?ar su legi?tima tarea. "Hasta ahora no se tiene noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los responsables. Ello se debe en gran medida a las deficiencias en las investigaciones, que a su vez son a menudo consecuencia de la falta de intere?s de las autoridades, especialmente las estatales. La impunidad generalizada alimenta el clima de inseguridad en el que desarrollan su labor tanto los defensores de los derechos humanos como los periodistas", continuó. El Mecanismo de Proteccio?n para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas anuncio? en noviembre que habi?a recibido 72 casos en los primeros nueve meses del an?o, pero de acuerdo a Amnistía "en general, siguio? sin brindar una proteccio?n oportuna y eficaz". "Las medidas de proteccio?n convenidas a menudo dependen del respaldo de las autoridades locales, incluso en los casos en los que se sospechaba que esas mismas autoridades estaban involucradas en los ataques", explicó. Sobre el problema de la violencia contra mujeres y niñas, subrayó que los actos como violaciones, secuestros y feminicidios, siguen siendo ende?micos en todo el pai?s. "Buena parte de las autoridades siguen sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevencio?n, la proteccio?n y la investigacio?n de la violencia de ge?nero. El Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazo? poner en marcha el mecanismo de “Alerta de Ge?nero”, disen?ado para movilizar a las autoridades en la lucha contra la extendida violencia de ge?nero y proporcionar una respuesta oficial eficaz frente a los casos de violencia". El informe dio cuenta de la situación de las personas refugiadas y migrantes en México, y dijo que la inseguridad y la privacio?n social en sus pai?ses de origen empujaron a un nu?mero creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompan?ados, a cruzar Me?xico para llegar a Estados Unidos. "Las bandas delictivas continúan matando, secuestrando y extorsionando a estos migrantes, a menudo con la connivencia de funcionarios pu?blicos. Las mujeres y los nin?os y nin?as están especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata. Siguen conocie?ndose casos de malos tratos por parte de la polici?a y de los funcionarios de inmigracio?n que realizan detenciones", añadió el documento, al indicar que los migrantes irregulares continúan siendo recluidos en detencio?n administrativa en espera de expulsio?n. Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el informe anual de AI concluyó que continuaban siendo discriminados en el sistema de justicia penal y teni?an un acceso limitado a los servicios ba?sicos, como el agua, la vivienda y la asistencia me?dica. "No se consulta de forma efectiva a las comunidades indi?genas para obtener su consentimiento libre, previo e informado acerca de los proyectos de desarrollo econo?mico que afectan a sus tierras y a su modo de vida tradicional, lo que desemboca en protestas y conflictos. E?stos, a su vez, dan lugar a amenazas y ataques contra li?deres comunitarios y, en algunos casos, a procesamientos penales de activistas, al parecer basados en cargos de motivacio?n poli?tica", continuó. Finalmente, dijo que en mayo, el relator especial de la ONU sobre la tortura visito? Me?xico y presento? conclusiones preliminares que sen?alaban que la pra?ctica de la tortura y otros malos tratos segui?a siendo generalizada. "En junio, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales publico? el informe sobre su misio?n a Me?xico de principios de 2013, que puso de relieve los elevados niveles de homicidios e impunidad. En agosto, el relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisio?n Interamericana de Derechos Humanos presento? el informe sobre su visita a México, en el que ofreci?a informacio?n detallada sobre la violencia generalizada contra las personas migrantes, la negacio?n del proceso debido y las protecciones judiciales y otros abusos contra los derechos humanos", concluyó.

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