MÉXICO, D.F. (apro).- Durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no sólo ocultó gran parte de su dinero en un fondo opaco, tampoco “fue posible verificar que sus actividades contribuyeran al desarrollo cultural en las diferentes regiones” del país, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Así, en los últimos 10 años, la tasa media de crecimiento anual de los asistentes a eventos artísticos y culturales apenas alcanzó el 0.2%, ya que si bien en 2003 los eventos culturales atrajeron poco más de 23 millones 88 mil personas, en 2013 registraron una cifra casi similar: 23 millones 545 mil asistentes. Dos años antes, en su auditoría de la Cuenta Pública 2011, la ASF revisó al Conaculta en su desempeño de la promoción cultural, y observó que el organismo patrocinó 92 mil eventos, los cuales beneficiaron a sólo 36 mil 459 personas. En 2013, el Conaculta reportó la realización de 7 mil 63 actividades de “promoción cultural”, cuando en realidad solamente 2 mil 836 de ellas entraron en este rubro, ya que las demás consistieron en “acciones de difusión”. Dos años antes, en 2011, la ASF determinó que el Conaculta había realizado 4 mil 161 actividades de promoción de la cultura. En 2013, por cada evento realizado por la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo –instancia que desarrolla proyectos culturales y turísticos en sitios patrimoniales–, el Conaculta gastó 292 pesos, cuando en cambio desembolsó apenas 3.78 pesos por cada asistente a los eventos de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. Fondo opaco La ASF subrayó que a raíz de un contrato de mandato firmado en 1989 con Banamex, el Conaculta creó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, una figura jurídica independiente y ajena al gobierno federal. A través de este fondo, el Conaculta se otorgó la capacidad de usar a su discreción el dinero aportado por la Secretaría de Educación Pública –la ASF evoca incluso la existencia de un “gasto paralelo a su presupuesto autorizado”--, lo anterior al margen de “los esquemas de control, transparencia y rendición de cuentas”. Tras verse impedida de revisar el buen uso de la totalidad de los 848 millones de pesos de dinero público que ingresó el Conaculta en 2013, la ASF exigió la “extinción” del contrato de mandato, el cual sí entregó más de 5 millones de pesos a Banamex por “servicios bancarios”. Y eso porque la ASF detectó un mal manejo de fondos por parte del órgano cultural: no pudo presentar los expedientes de tres beneficiarios de los programas que financió –de los cuales sólo uno había sido autorizado en el marco del mandato--, y tampoco reportó 258 millones provenientes de donativos recibidos, 275 millones de pesos de “gastos atendidos con recursos del patrimonio del mandato” y 40 millones en “reembolsos de los beneficiarios o becarios”.