MÉXICO, D.F. (apro).- Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil internacional celebró hoy la inminente llegada a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero pasado para llevar a cabo la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. El grupo de cinco expertos llegará a México el próximo domingo para iniciar su misión, la cual quedó plasmada en noviembre pasado y consiste en: - Elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas. - Realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales. - Llevar a cabo un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El pasado 13 de febrero, los integrantes del GIEI aseveraron en conferencia de prensa que abrirán nuevas líneas de investigación y actuarán con total autonomía e independencia “hasta llegar a una conclusión”. Lo anterior permitirá “valorar los incansables esfuerzos de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, estimó el conjunto de organizaciones, integrado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional, el Centro Internacional por la Justicia y la Ley, la Fundación por el Debido Proceso de la Ley, el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo para América Latina. “Profundas fallas” Según las organizaciones, las investigaciones de las autoridades mexicanas padecen de “profundas fallas” y estimaron que “la gravedad de los crímenes y las gruesas violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los estudiantes de Ayotzinapa exigen un escrutinio internacional minucioso de las acciones de las autoridades federal, estatales y municipales en el país”. “La llegada del GIEI a México toma lugar apenas unas semanas después que el procurador (Jesús Murillo Karam, dimitido de sus funciones hoy) declaró que tenía la certeza legal que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados y sus restos calcinados en Cocula”, recordó el conjunto. Añadió que “esta declaración tomó de sorpresa al pueblo de México y la comunidad internacional interesada en asegurarse que las investigaciones eran serias, respetuosas del sufrimiento y de las expectativas de justicias de los familiares y, sobre todo, libres de influencia política”. Asimismo, urgieron al gobierno mexicano a dar al grupo “los recursos y el personal necesario para cumplir con su mandato” y a “comprometerse de manera pública a cumplir con las recomendaciones y las conclusiones que emiten” los expertos.