MÉXICO, D.F. (apro).- Después de difundir la solicitud de acción penal contra Marcelo Ebrard, el presidente de la comisión investigadora de la línea 12 del Metro, exalcalde de Tultitlán e integrante de la fracción del Estado de México, Marco Antonio Calzada Anaya, anunció que ahora sí recibirán en audiencia, el próximo viernes, al exjefe de Gobierno capitalino para que se defienda de los señalamientos en su contra. Luego de llevar ante el pleno de la Cámara de Diputados el “preinforme” sobre las indagaciones de la comisión, el cual no se estaba obligado dar a conocer, Ebrard Casaubón acudió a San Lázaro y desde la oficina de su excolaboradora, la diputada Martha Lucía Mícher, se enteró de que sí será escuchado por los legisladores. El diputado del PRI, afín a Enrique Peña Nieto resumió el caso de la llamada Línea Dorada de esta forma: “Es un desastre financiero, un despilfarro del erario”. En su conclusión, los miembros de la comisión piden que el desglose se envíe a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice las indagaciones y determine los delitos federales en que se incurrió, como por ejemplo el posible desvío de recursos. Luego de hacer las acusaciones, de haberle impedido a Ebrard su defensa el domingo anterior, y de que PRI, PAN, Panal y PVEM culparon al exjefe de Gobierno; al exsecretario de Finanzas, Mario Delgado, y al exencargado del proyecto de la Línea 12, Enrique Horcasitas, el presidente de la comisión investigadora del caso cedió y anunció que se escucharían los alegatos de defensa de Marcelo Ebrard. PRD, MC, PT y Morena –la nueva fracción parlamentaria– sostuvieron que se trataba de una maniobra política del PRI para “descarrilar” a la izquierda frente a las próximas elecciones federales y locales del 7 de junio. Manuel Huerta, de Morena, y Ricardo Mejía Berdeja, de MC, cuestionaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hubiera determinado llevar el “preinforme” al pleno, a lo que el priista del Edomex y presidente de la comisión investigadora respondió que “es un corte necesario” para luego enumerar los costos adicionales de la fallida línea: 62 millones de pesos para reparar fallas, cien millones para establecer un transporte de emergencia, cinco más por otras afectaciones “y se desconoce el costo total de las correcciones”. El 13 de marzo pasado se cerró parte del tramo de la Línea Dorada por no coincidir los rieles con los vagones y para evitar un accidente; luego de ello, en la Cámara de Diputados se determinó crear una comisión investigadora y, a escasos cuatro meses de las elecciones, los legisladores presentaron un “preinforme” que no es obligatorio sino hasta que concluya la indagatoria. Por lo anterior el PRD, a través de Carlos Reyes Gámiz, dijo que detrás de la presentación del documento “hay aviesas y negras intenciones… detrás hay una consigna: instrumentar un debate sobre la Línea 12 ante el declive electoral (del PRI) y un ataque a todas las izquierdas”. Y agregó: “Lo que quiere el PRI no es guardar en el cajón los resultados de esta comisión, sino que quiere adueñarse de la capital del país, quiere arrebatar a la Ciudad de México su autonomía, arrebatar las instituciones que aquí se han erigido; el PRI no quiere hacerlo a través de la vida democrática (las elecciones). No le interesa la solución del transporte sino cómo obstruir y sacar raja en un tema en el que carece de autoridad moral”. Marcelo Ebrard escuchaba su defensa desde el cubículo de la diputada federal Martha Lucía Mícher. El aún perredista llegó desde las 11:15 horas y, al final de la discusión, ofreció una breve rueda de prensa en donde dijo que la embestida opuesta en marcha en San Lázaro es una maniobra política en su contra, pero que está tranquilo y acudirá el próximo viernes a la comisión especial para dar sus argumentos, pues sostuvo que el “preinforme” que se dio a conocer es una falacia. Del lado de los críticos a la gestión de Ebrard, el panista Jorge Sotomayor, el mismo que presentó una iniciativa para reglamentar y judicializar el derecho a manifestarse, aseguró que en su partido se preocupaban por los usuarios, por aquellos que desde hace siete años vieron “colapsadas” sus viviendas con la construcción de la línea 12, de los ciudadanos que pagaron con sus impuestos los 55 mil millones de pesos que costó el transporte y que se perdieron irremediablemente, actos “imputables al gobierno capitalino”. Y calificó la falta de precisión para reanudar el servicio en su totalidad como “imperdonable” por parte del Ejecutivo local, pues “ya hemos perdido capacidad de creer en este gobierno”. “Queremos –dijo– que los culpables del fraude sean llevados ante la justicia, que la línea funcione en su totalidad, que se reparen las viviendas y que se haga uso de la cláusula sobre vicios ocultos”. Ahí terminó su crítica, sin mayores señalamientos documentados. A su vez, la legisladora del PRI y última oradora, Martha Gutiérrez Manrique, cuestionó que las izquierdas representadas a través de PRD, MC, PT y Morena defendieran a una persona y no a los usuarios del Metro. “Pero la gente les va a cobrar en las urnas. Ustedes están defendiendo a un político, a uno de los suyos en lugar de a los ciudadanos”, acusó. “Esto es un desastre financiero, es un fraude”, sintetizó la priista a tono con los panistas. “Aquí hubo irresponsabilidad, corrupción y complicidad”, machacó. En cada fase de la construcción hubo irregularidades tan grandes como responsabilidades de quien encabezó el gobierno, Marcelo Ebrard, acotó, pues “hay que decirlo: detrás hubo dolo, confabulaciones, se saqueó a las arcas aun a costa de poner en riesgo la seguridad del ciudadano”. Del lado de la defensa el petista Manuel Huerta, quien extrañamente no fue vituperado por priistas y los del PVEM, calificó el documento como “sucio, parcial e ilegal”, pues no se debió presentar ante el pleno. Con ello buscan, agregó, un pacto mediático, lo usan como instrumento electoral. Y si la finalidad es que se investigue, añadió, eso lo puede hacer la PGR sin necesidad de que la Cámara lo pida, pero si de indagar la corrupción se trata, también se debieran investigar los contratos de la familia San Román y de Juan Armando Hinojosa Cantú, ambos proveedores de residencias de Luis Videgaray, Peña Nieto y Angélica Rivero, además de ser proveedores del gobierno federal. Por MC, Ricardo Mejía Berdeja centró su intervención en la corrupción. Mientras el imputado, acotó, en este caso Marcelo Ebrard, acude a la Cámara a intentar explicarse, el Ejecutivo federal, su esposa y el secretario de Hacienda evaden el tema ante el posible conflicto de interés en que han visto involucrados luego de adquirir casas de proveedores gubernamentales. “Corrupción la de Angélica Rivero, corrupción la de Enrique Peña, corrupción la de Luis Videgaray”, argumentó, posición que provocó el malestar de los diputados del PVEM y de los priistas que representan al Estado de México. Mejía Berdeja reclamó que las comisiones de investigación en donde se involucra al gobierno federal, Peña Nieto o algún funcionario federal “están canceladas en la Cámara de Diputados, pues hay un doble tratamiento para las de Monexgate, el tren rápido, el aeropuerto, están todas en la congeladora”, acusó. “Seguramente debe haber una línea, pero que vaya de Los Pinos a Bucareli y a San Lázaro para que sus testaferros (de Peña Nieto) lo defiendan”, describió para luego plantear: “¿Qué sigue ahora?, ¿asesinar políticamente a los adversarios?” “Síííí”, fue la respuesta que surgió desde las curules del PVEM. Finalmente, pidió que se escuchara a Marcelo Ebrard, pues acusó que el informe fue elaborado desde Los Pinos, por Aurelio Nuño, “y sólo en las dictaduras no se da el derecho a defenderse a quien se acusa”. La respuesta a sus señalamientos fue que a Ebrard Casaubón se le permitirá defenderse el viernes 6. Antes del posicionamiento en tribuna, el coordinador de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el informe no se elaboró en Los Pinos sino con los documentos que las propias autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) proporcionaron a la comisión. Y reclamó que en la Línea Dorada se hayan utilizado “en forma irregular” cerca de 45 mil millones de pesos.