MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no termina de salir del embrollo en que se metió con el malogrado proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República entregar a un particular el oficio a través del cual Peña Nieto instruye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cancelar la primera –y última– licitación del tren, la dependencia que dirige Gerardo Ruiz Esparza se apresuró a difundir un comunicado para aclarar que la orden presidencial se hizo “en forma presencial”, por lo que no existe documento alguno. En un comunicado, la SCT precisó que el 6 de noviembre pasado Ruiz Esparza propuso a Peña dejar sin efecto el fallo de la licitación del tren México-Querétaro, en ejercicio de las facultades que la ley en la materia otorga a la Secretaría. Según el boletín, el titular del Ejecutivo respaldó la propuesta realizada de forma presencial, por lo que “no existe documento en el que se haya hecho constar lo anteriormente referido”. Ayer, el pleno del IFAI revocó la respuesta que la Presidencia de la República dio a un particular, quien solicitó información al respecto, y le dio instrucciones de realizar una búsqueda en las unidades administrativas competentes, es decir, en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y en la Secretaría Particular del Presidente, para conocer de lo solicitado. En caso de que el resultado de la búsqueda sea la inexistencia, el Comité de Información deberá emitir la respectiva declaración formal, debidamente fundada y motivada, precisó el IFAI a través de una tarjeta informativa. En su respuesta al particular, el ente obligado manifestó que quien cuenta con la información solicitada es la SCT. Además, la Presidencia respondió que en un comunicado el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, ofreció a directivos y funcionarios del gobierno de China una explicación respecto de la cancelación de la licitación del tren. Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el IFAI y el caso fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. La Presidencia reiteró su incompetencia y añadió que, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la declaratoria de cancelación de una licitación “es facultad exclusiva” de las dependencias y entidades que las hayan emitido. Al analizar el caso, la comisionada ponente encontró un boletín de prensa emitido por la SCT en el que se señala que el presidente decidió dejar sin efecto el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro al tiempo que instruyó reponer la convocatoria. Además, Kurczyn Villalobos subrayó que los comunicados de prensa son emitidos por las unidades administrativas que están facultadas para ello y, por tanto, “constituyen una declaración unilateral de la voluntad de los sujetos obligados; de este modo, presumen la existencia de la información a que aluden”, advirtió. Las secretarías de Estado, abundó, deben realizar sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el titular del Ejecutivo federal, y cada dependencia formula, en el ámbito de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente. En el caso del Tren de Alta Velocidad, la comisionada recordó que según datos de la SCT, tendrá un costo de inversión de 37 mil 569 millones de pesos y debido a que se trata de un asunto de “gran interés” por los recursos que implica y el impacto que generará en materia de infraestructura y comunicaciones, “es importante que este proceso se conduzca de manera transparente”, enfatizó.