MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que “no hay una cifra confiable de desapariciones forzadas” y demandó atender a las víctimas cuando enfrenten situaciones tan delicadas como la desaparición de un familiar. Ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, que sesiona en Ginebra, Suiza, el ombusdman nacional planteó la necesidad de fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para lo cual, dijo, todas las instituciones de procuración de justicia deben tener criterios homologados y públicos. "Parte del problema que se tiene es que no hay bases de datos con una metodología adecuada que permita distinguir cuántos casos hay de desaparición forzada o por crimen organizado”, precisó en entrevista con Grupo Fórmula, luego de entregar un informe en la materia ante el Comité de Naciones Unidas. Sobre la reunión de organizaciones no gubernamentales y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, con el Comité de la ONU, el ombudsman insistió que "debe traducirse en beneficios a favor de familiares de la víctimas de desaparecidos en México". La reunión, agregó, "debe llevar a que en México retomemos acciones que permitan fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas y no quedarnos solo en la parte" del castigo. En un comunicado, el ombudsman mexicano insistió luego en la necesidad de avanzar en varios aspectos fundamentales, entre ellos: fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para lo cual es necesario que todas las instituciones de procuración de justicia cuenten con criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que califican las denuncias de desaparición, la investigación que llevan a cabo y la manera en que reportan los casos. También pidió publicar el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, elaborar una base de datos confiable y revisar la Ley respectiva, con el fin de verificar su efectividad a casi tres años de su expedición, además de expedir una Ley General en materia de Desaparición Forzada. Los puntos anteriores forman parte de una serie de medidas que el mismo ombudsman puso a consideración del Comité de Naciones Unidas. Subrayó igualmente que el Estado mexicano debe aceptar la competencia del Comité para recibir y examinar las peticiones individuales sobre desaparición forzada, ya que es una de las recomendaciones dirigidas a México en diversos documentos de organismos internacionales.