MÉXICO, D.F. (apro).- La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y Brigadas Internacionales de Paz (BPI) denunciaron que a lo largo de sus más de dos años de existencia, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos se ha dado a conocer por su ineficiencia, lentitud en su actuar, “falta de sensibilidad” de los funcionarios y la mala coordinación que lo rige.
En un informe publicado este martes, las organizaciones recopilaron muchas fallas en las medidas de seguridad otorgadas por dicho Mecanismo. Entre ellas destacan los casos de botones de pánico y teléfonos satelitales disfuncionales, a alarmas en los domicilios que se activan sin que las autoridades respondan, o policías que se tardan varias horas en llegar tras recibir la llamada de emergencia.
Aun cuando la solicitud de un periodista o defensor de los derechos humanos para ingresar al Mecanismo tiene carácter de emergencia ante las amenazas de diverso tipo, las organizaciones observaron demoras de “muchos meses” y hasta “más de un año” para que respondiera.
En abril pasado, en medio de las acusaciones de abuso de poder y acoso laboral que interpusieron exfuncionarios de la Unidad de Derechos Humanos ante la Secretaría de Gobernación (Segob) contra la subsecretaria Lía Limón –quien encabeza el Mecanismo–, el gobierno integró a la organización Freedom House al proceso de evaluación de riesgos.
Lo anterior, según las observaciones, permitió resolver decenas de casos atorados en dos sesiones especiales, pero no solucionó el problema de raíz. “El Mecanismo debería ser capaz de lidiar con este volumen de peticiones de forma sistemática y no solo como una situación excepcional”, apuntaron WOLA y BPI.
Según ambas organizaciones, se mantuvo “la mala comunicación entre los beneficiarios y el personal del Mecanismo”, así como “la falta de coordinación entre los diversos organismos involucrados en el proceso”, lo que generó “graves vacíos en la provisión de protección”.
Por ejemplo, a raíz de varias agresiones y un intento de la policía estatal de Coahuila de penetrar en sus instalaciones, la Casa del Migrante de Saltillo ingresó al Mecanismo en agosto de 2013.
Sin embargo, éste determinó que su nivel de riesgo era “ordinario”, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictaminado el caso como de “riesgo extraordinario”.
Además, la caracterización de riesgo omite “muchas veces” la información contextual de cada uno de los 197 casos recibidos por el Mecanismo hasta la fecha, y muchas veces se contenta con aplicar una metodología basada en valores numéricos para establecer niveles de riesgos.
Al no tomar en cuenta el contexto en el que vive, el género o la identidad étnica del beneficiario, el Mecanismo crea situaciones absurdas, como ocurrió con la activista oaxaqueña Silvia Pérez Yescas. En su caso, las autoridades equiparon su casa con cámaras e iluminación, sin tomar en cuenta que esas medidas provocaron “un aumento enorme en la factura de electricidad” que la activista no pudo pagar.
Y México sigue siendo “uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”. La organización Artículo 19 reportó 222 agresiones contra miembros de la prensa durante los primeros nueve meses de 2014, en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 97 asesinatos de periodistas desde 2010.
Las organizaciones lamentaron que, en medio de esta situación, las investigaciones iniciadas tras las agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos “no han avanzado”, mientras los crímenes en su contra siguen impunes.
Y se mostraron alarmados porque los ataques contra los periodistas ocurren en un contexto caracterizado por los “esfuerzos” que desplegó recientemente el gobierno “para desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos”.
Lo anterior envió el “mensaje preocupante de que el gobierno no respeta ni reconoce el trabajo valioso de los defensores de los derechos humanos”, afirmaron.