CORPUS CHRISTI, Texas (apro).- Pablo Zárate Juárez, quien trabajó como funcionario en el área de desarrollo urbano con el gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue acusado hoy por delitos de lavado de dinero y fraude bancario en Estados Unidos. El indiciado, sobre quien pende una orden de arresto, enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares, anunció hoy el fiscal federal Kenneth Magidson. Zárate Juárez se desempeñó como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), puesto en el que fue designado por Yarrington cuando era mandatario tamaulipeco del PRI (1999-2004). La acusación es el resultado de una investigación emprendida por autoridades estadunidense que combaten el crimen organizado y el tráfico de drogas. El caso es conducido por Julie K. Hampton, asistente del fiscal de Distrito del Sur de Texas. En contra de Zárate había una demanda civil para asegurarle un avión 2005 Pilatus Aircraft, número N679PE, el mismo que se le busca asegurar a Yarrington en el juicio que se le sigue en la Unión Americana por lavado de dinero y recibir dinero de narcotraficantes, entre otros delitos federales. Las autoridades de Estados Unidos suponen que el exgobernador priista, prófugo de la justicia norteamericana, es el verdadero propietario de la aeronave, que fue adquirida mediante un complejo esquema de lavado de dinero, en el que aparentemente hay dinero de cárteles de la droga, se advierte en el boletín dado a conocer hoy. La agente especial Janice Ayala, de la Oficina de de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI), explicó que los elementos de la dependencia con frecuencia investigan complejos planes financieros para intervenir y desmantelar operaciones de organizaciones criminales transnacionales. “Estas indagatorias pueden impedir que las organizaciones disfruten los beneficios de estos procedimientos ilícitos y previenen el fomento de empresas criminales. HSI continuará la investigación agresivamente de esquemas financieros fraudulentos que comprometen la integridad de nuestro sistema”, advirtió Ayala. Si Zárate es encontrado culpable de los cargos de lavado de dinero, enfrenta una pena de 20 años y el pago de una multa de 500 mil dólares. Y si se le demuestran las acusaciones de fraude bancario, sería encarcelado 30 años y obligado a pagar un millón de dólares.