Enviará México a 9 representantes para audiencias de la CIDH en Washington

martes, 17 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El próximo viernes 20, el gobierno mexicano enviará a Washington a representantes de nueve entidades y dependencias federales para participar en las cinco audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su 154 periodo de sesiones ordinarias. En un comunicado, la Cancillería informó que la delegación mexicana estará integrada por funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob), Energía (Sener), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría General de la República (PGR); de los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero, así como de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Por parte de la sociedad civil acudirán representantes de 32 organizaciones mexicanas e internacionales entre las que destacan la Comisión de Verdad de Guerrero (Comverdad), el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el centro Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan. Según el calendario que difundió la CIDH, la tarde del viernes 20, el gobierno mexicano tendrá que responder en un primer tiempo a los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre la “situación general de derechos humanos en el estado de Guerrero”. Por la tarde, el gobierno y las organizaciones civiles abordarán los temas “Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad”, “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales”, “Denuncias de tortura sexual contra mujeres” y “Acceso a la justicia para personas migrantes”. Cooperación y rechazos Previo al encuentro en la CIDH, la Cancillería reiteró que el gobierno de México lleva a cabo una “política de cooperación con los organismos internacionales encargados de la promoción de los derechos humanos”. Sin embargo, en los primeros tres meses del año, la administración de Enrique Peña Nieto ya descalificó en dos ocasiones las observaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en el país. Así, el pasado 13 de febrero, la SRE aseveró que las conclusiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”. El mismo día, el Comité indicó en su informe que los datos recabados durante las audiencias “ilustran un contexto de desapariciones forzadas en gran parte de México, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. El pasado 9 de marzo, la misma Cancillería rechazó el diagnóstico del relator especial de la ONU sobre la tortura, Jorge Méndez, según el cual ésta es una “práctica generalizada en México”.    A través de un comunicado, la SRE afirmó que la conclusión “no corresponde a la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que desplegó el gobierno.  

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