MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes de distintas organizaciones y especialistas dedicados al derecho de acceso a la información y la transparencia repudiaron los “retrocesos” al proyecto original de ley y cuestionaron la ineficacia de mantener la “secrecía” bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. “Hasta el momento, la secrecía de la información no ha funcionado para garantizar la efectividad de la persecución de los delitos”, afirmó Ana Cristina Ruelas, de la organización Artículo 19. También recordó que México tiene un nivel de 98%, según el Inegi, en delitos que no son denunciados y, del total de averiguaciones previas, en casi la mitad (49.9%) de los casos no sucedió nada. En la comparecencia organizada por las comisiones unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana, Gobernación y de Estudios Legislativos, Haydeé Pérez Garrido, del organismo Fundar, cuestionó también las 80 modificaciones planteadas por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, pues “parece que han sido pensadas con el propósito de limitar el impacto y alcance del sistema de acceso a la información”. Por su parte, el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, afirmó que los hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos “deben ser del conocimiento público y no tener carácter reservado”. A su vez, el representante del Inegi, Jorge Ventura Nevares, solicitó que la Ley General de Transparencia que se dictamina en el Senado establezca que la información estadística sea utilizada únicamente para esos fines y no se dé acceso a los datos de los “informantes”, pues se violaría la confidencialidad. La excomisionada del IFAI, Jacqueline Peschard, defendió la reforma constitucional y manifestó su preocupación por la pretensión de querer exentar a los sujetos obligados de informar sobre sus acciones. “No es un acto trivial que se pida que se documenten las decisiones y las actuaciones de las autoridades. Esto es un elemento indispensable para eventualmente poder ejercer un escrutinio efectivo sobre los servidores públicos”, abundó Peschard. Por su parte, el abogado Jorge Islas, impulsor de la iniciativa original de acceso a la información en el sexenio foxista, demandó que en la ley general prevalezca el principio de “máxima publicidad”. Tras la participación de los especialistas, el senador Alejandro Encinas advirtió el riesgo de que suceda en esta ley general lo mismo que ocurrió con la ley de telecomunicaciones: una reforma constitucional de avanzada que fue limitada en la ley reglamentaria. La senadora panista Laura Rojas afirmó que su partido está dispuesto a ceder en el tema de las restricciones informativas cuando afecte la estabilidad económica, financiera o monetaria, “siempre y cuando no se abuse de las causales de reserva de dicha información”.