MÉXICO, D.F., (apro).- A más de un año de que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró la empresa naviera y de construcción Marítima, Oceanografía, un juez federal autorizó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) rentar los barcos a disposición de la empresa para obtener recursos. “Este juzgador considera viable y autoriza que el administrador de la concursada Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de manera conjunta con José Antonio de Anda Turati, conciliador designado en el presente asunto, realicen las gestiones necesarias y tendentes para celebrar contratos de arrendamiento de las embarcaciones", resolvió el juez Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. La mayoría de las embarcaciones no son propiedad de Oceanografía o están hipotecadas, sin embargo el pasado 11 de febrero la empresa que se encuentra en concurso mercantil, solicitó al juez informarle si existía algún impedimento legal para que pudiera rentar o celebrar contratos de fletamiento de las embarcaciones que tiene a su disposición. Según el juez, algunas empresas se opusieron a que Oceanografía arrendara los buques pero “no acreditaron el menoscabo que podrían sufrir con la autorización de rentar las embarcaciones que están en posesión de la concursada”. Tras autorizar el arrendamiento de las embarcaciones y antes de que se empiecen a celebrar contratos, el juzgador solicitó al administrador de Oceanografía y a José Antonio de Anda Turati, conciliador designado para este asunto, presentar ante el juzgado el cronograma de actividades de las embarcaciones sujetas a fletamiento. Asimismo les pidió que se detalle qué embarcaciones y a qué persona pretenden arrendarlas, los programas de mantenimiento, la asignación de matriculaciones y demás pormenores de las relaciones que pretendan realizar. Además deberán precisar a los dueños de las embarcaciones las prestaciones que recibirán directamente por el arrendamiento y manutención de los buques “para no dejarlos en estado de indefensión”. Oceanografía fue declarada en concurso mercantil el 9 de julio del año pasado por el juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, y ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejar sin efecto la inhabilitación que dictó contra la compañía de para obtener contratos con el gobierno federal. La empresa que era propiedad de Amado Yañez, actualmente preso, fue intervenida en febrero del año pasado pasado por el gobierno federal tras revelarse un fraude contra Banamex por más de 400 millones de dólares.