MÉXICO, D.F. (apro).- El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre migración, Felipe González, insistió hoy que la tragedia que viven los indocumentados que pasan por México “no es menor de la de Ayotzinapa”, pero que “como los familiares son extranjeros” y generalmente pobres, “no pueden interpelar al gobierno mexicano”, dijo. “Existe un problema muy serio de invisibilidad de este colectivo”, lamentó. González declaró lo anterior durante la quinta y última audiencia de México en el 154 periodo de audiencias de la CIDH, que arrancó el pasado martes 17 y concluyó hoy en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. Esta tarde el panel de expertos escuchó a representantes de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno mexicano en tres audiencias en las que se habló de las consecuencias de la reforma energética, la tortura sexual contra las mujeres y el acceso a la justicia de los migrantes indocumentados en el país. A raíz de estas audiencias y ante los integrantes de la CIDH, el gobierno mexicano se comprometió a dialogar con las mujeres víctimas de tortura sexual y a crear un mecanismo de búsqueda de indocumentados que han desaparecido en México. La audiencia sobre el tema migratorio enfrentó a familiares de migrantes desaparecidos y activistas –entre ellos el sacerdote coahuilense Pedro Pantoja– con funcionarios mexicanos encabezados por el embajador ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa. “Mi esposo salió de Honduras con ilusiones, con anhelos de darle a nuestra familia lo mejor”, recordó Vilma Leticia López, viuda de José Enrique Velásquez, uno de los 49 migrantes masacrados en el municipio regimontaño de Cadereyta el 13 de mayo de 2012. Con esfuerzos, bloqueó su llanto y soltó: “nos entregaron pedazos”. Y pidió “un camino digno para la reparación de los daños y el castigo a los culpables”. Vestido con una chamarra negra, el sacerdote coahuilense Pedro Pantoja se indignó ante “el exceso de crueldad social y el exterminio” en contra de la población migrante, e insistió en que “el Estado mexicano es responsable de la tragedia en la migración, con la sucia complicidad de las fuerzas de seguridad y de los agentes de migración”. Muy diplomático, Rabasa se dijo “honrado” por la presencia de Pantoja y cedió la palabra a representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación (Sebog), quienes expusieron que el marco legislativo mexicano protegía a los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, aceptaron la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil de nombrar un titular de la PGR en cada oficina consular de México en Centroamérica, el cual podrá recoger denuncias de desaparición por parte de familiares de migrantes en tránsito. “Lo que nos interesa es definir cuándo vamos a empezar”, plantearon las organizaciones de la sociedad civil, tomando a los integrantes de la CIDH como testigos. “La promesa del mecanismo la tenemos desde el pasado 16 de octubre, la hizo el exprocurador Jesús Murillo Karam y nos dijo que era una cosa sencilla”, subrayaron. Circunspecto, PAntoja añadió: “Yo respeto al México normativo, pero no acepto al México violento en el que funcionarios del Instituto Nacional de Migración y policías armados persigan a los migrantes. El migrante es una persona sin poder, aunque le des mecanismos”. Eluden tortura sexual Por la tarde, representantes de la sociedad civil mexicanas solicitaron a la CIDH que emita recomendaciones al Estado mexicano para que reconozca y erradique el fenómeno de la tortura sexual en contra de las mujeres en México, cuya ilustración más extrema es la violación, pero que abarca también la desnudez forzada y las reflexiones misóginas durante los interrogatorios. Según Stephanie Erin Brewer, representante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), las comisiones estatales de derechos tienen por lo menos 128 quejas abiertas de tortura sexual, que “se usa como arma en contra de mujeres para dar miedo y reprimir, humillar” y como forma de acallar la protesta social, como ocurrió en San Salvador Atenco en 2005. Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), afirmó por su parte que agentes del Estado mexicano, tanto policías como militares, utilizan la tortura sexual para fabricar culpables, y puso el ejemplo de mujeres ultrajadas por militares en Chiapas para que delataran el paradero de presuntos guerrilleros. María Luisa Aguilar, en nombre del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reiteró que en muchas ocasiones la tortura sexual es perpetrada por “integrantes de las fuerzas de seguridad” con la finalidad de “castigar, someter y humillar a la víctima”. En respuesta, los representantes del Estado mexicano, tanto Alejandra Negrete Morayta, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como la representante de la PGR, Rosalinda Salinas Durán, recapitularon las medidas que tomó el gobierno mexicano para luchar contra la violencia de género y sus “factores culturales”, pero no mencionaron la tortura sexual perpetrada por agentes del Estado. Según las organizaciones de la sociedad civil, “no existe una política pública vinculada con la tortura sexual” y “la violencia se da en el entorno de la detención, en un contexto de incomunicación”. Además, añadieron, “hay traslados irregulares a bases navales e instalaciones militares donde se perpetra la tortura sexual”. Un representante del gobierno mexicano lanzó: “A veces por falta de confianza en el gobierno, a veces justificada, no podemos dialogar con las víctimas de tortura sexual”. “¿Qué pasa si dicen que no?” Durante la cuarta audiencia de México, las organizaciones de la sociedad civil invitaron a los integrantes de la CIDH a realizar visitas a las comunidades en las que se implementarán proyectos de extracción petrolera o de generación eléctrica, para “documentar la violación del derecho a la consulta” y “determinar si la reforma energética entra en el marco del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, el cual establece el derecho a la consulta previa. Asimismo, llamaron a la prohibición definitiva de la extracción de gas lutita a través del método de la fracturación hidráulica, o fracking, por afectar los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y a la alimentación. Dante López, integrante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sostuvo que durante el proceso de construcción del parque eólico en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, se violaron los derechos de consulta y del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Lo anterior es relevante, subrayó, porque este proyecto vio el primer proceso de consulta indígena coordinado por los tres niveles de gobierno en el marco de las leyes secundarias de la reforma energética. Denunció “la serie de amenazas, intimidaciones y hostigamientos” que sufrieron los críticos del proceso de consulta, y señaló las irregularidades que mancharon las etapas de autorización del proyecto. “De continuar la consulta de este modo, sin reparar sus graves deficiencias, se estaría marcando un precedente que pondría en duda y deslegitimaría el desarrollo de ésta y posteriores consultas, así como los acuerdos y el consentimiento que de ellas se deriven, con graves afectaciones en la cultura y en los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en nuestro país”, advirtió. El gobierno mexicano, a través del jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Energía, Fernando Zendejas, aseveró que la reforma energética “tiene cara humana”, ya que se enfoca en los derechos humanos y prevés mecanismos de consulta. “Las comunidades tendrán acceso a beneficios derivados de estos proyectos”, insistió, al precisar: “no beneficiarán sólo a las empresas que generarán energía”. También afirmó que la ley de la industria eléctrica “tiene mecanismos amigables con el medio ambiente”, ya que obliga a las empresas a garantizar que parte de la electricidad producida proviene de energías limpias. Insatisfecha ante las respuestas del gobierno, Brewer dijo a los integrantes de la CIDH: “ellos hablan de contraprestaciones, de protecciones, pero aquí la pregunta básica es: ¿Qué pasa cuando la comunidad dice no a un proyecto?”.