MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) obtuvo cuatro recibos de pago por 23 millones 565 mil 938 pesos, por las multas que cubrió la empresa minera Buenavista del Cobre, tras las irregularidades en que incurrió ante el derrame de sulfato de cobre acidulado el año pasado. En un comunicado, la dependencia federal informó que las sanciones que impuso a la minera el pasado 2 de marzo, corresponden a la comisión de 50 irregularidades contra el marco normativo ambiental vigente, encontradas durante la inspección a sus instalaciones después del derrame de 40 mil metros cúbicos del tóxico que afectó al arroyo Tinajas (17.6 km) y a los ríos Bacanuchi (64 km) y Sonora (190 km). Algunas de las faltas consistieron en que la empresa no contaba con la Licencia Ambiental Única actualizada, no había instalado plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, “lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera”. La Profepa aclaró que el importe total de estas multas es independiente al Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el gobierno federal a la empresa Buenavista del Cobre, para asegurar la remedición de los ríos Sonora y Bacanuchi en Sonora y la población afectada por la emergencia ambiental. Los procedimientos iniciados por la emergencia ambiental se basaron, dijo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, así como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. Según el comunicado, el primer recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales presentado por la minera, hecho a través de BBVA Bancomer, es por un importe de 11 millones 192 mil 587 pesos para cubrir multas impuestas por incurrir en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental. Los siguientes pagos son por un total de 7 millones 711 mil pesos por las irregularidades asociadas al derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada –tres irregularidades--; 4 millones 065 mil 800 pesos en materia de atmósfera --nueve irregularidades--; y 596 mil 551 pesos en materia de residuos peligrosos, por siete irregularidades. La Profepa informó que continuará sus visitas de inspección “para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones”. También, añadió, coadyuvará con la Procuraduría General de la República (PGR) en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente. El pasado 1 de septiembre la dependencia federal impuso la clausura temporal parcial de las áreas de lixiviación que reconocen hacia el Bordo Poniente y el represo Tinajas 1 y del proyecto “Terreros de Lixiviados Tinajas”. Previo a ello, el 18 de agosto presentó denuncia penal contra quien resulte responsable y consiguió el sometimiento de la empresa para obligarla a la reparación de los daños y establecer un fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales. La Presa El Molinito se mantiene cerrada precautoriamente sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación, según la Profepa.