"Sin verdad no hay justicia": familiares de desaparecidos

viernes, 20 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de desaparecidos rechazaron las expresiones de solidaridad del gobierno de Enrique Peña Nieto durante la audiencia pública realizada en la sede del organismo en Washington. “Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay memoria. No es fácil ponerse en nuestros zapatos, cuando tengan noticias de su paradero para saber la verdad lo que pasó, entonces aceptaremos el respeto”, soltó Diana Iris García –madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007– después de escuchar al embajador permanente de México en la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa, quien encabezó la delegación mexicana para dar respuesta a los reclamos de peticionarios y comisionados de la CIDH. La audiencia, desarrollada dentro del 154 periodo de sesiones de la CIDH, no fue fácil para el gobierno mexicano. Al ingresar al edificio sede de la CIDH fueron recibidos con gritos de “asesinos” y “corruptos”, cuando un grupo de manifestantes se congregó para manifestarse por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Al arranque de la audiencia, los comisionados también fueron objeto de reclamos. El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, expresó su molestia porque personal de seguridad de la sede de la CIDH impidió que los familiares de las víctimas ingresaran fotos de sus seres queridos. El presidente de la audiencia, el relator para México James Cavallaro, interrumpió a Patrón para advertirle que la prohibición del ingreso de los materiales no fue decisión de la CIDH, sino que forma parte del reglamento de seguridad de la OEA. La comisionada Rosa María Ortiz propuso que un grupo de comisionados saliera a las puertas de la sede del organismo “para “recoger los materiales, en solidaridad no sólo con los terribles hechos sobre los estudiantes, sino de las demás víctimas”. Presente en la audiencia, Diana Iris, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), apuntó que para los familiares de las víctimas resultó muy doloroso el caso de Ayotzinapa, “porque significa que nunca buscaron a los nuestros, porque nunca hicieron caso de nuestras demandas de las garantías de no repetición”. Luego de reconocer que por la dimensión del caso y el impacto internacional el gobierno de Enrique Peña Nieto se vio forzado a realizar “una investigación más científica” y a partir de ese momento diseñar nuevos lineamientos, tal como lo presumieron en la audiencia las autoridades federales, Iris García reprochó que “todos los nuevos protocolos están hechos para una búsqueda inmediata, de poco tiempo, y los que tenemos más tiempo ¿cómo se les va a buscar? Siguen estando en deuda con todos”, subrayó. Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, desaparecido en 2011, reprobó que el gobierno de Peña Nieto pretenda que los familiares de los desaparecidos “superen” la situación. Eso, dijo, es ofensivo. Señaló que “la desaparición de los 43 abrió la atroz realidad de más de 26 mil y de quienes vivimos gritando en el desierto desde el sexenio de (Felipe) Calderón”. Al referirse a los cientos de fosas clandestinas y alrededor de 15 mil cuerpos que no pudieron identificarse en 2014, Hidalgo sentenció: “México es una macro tumba, vivimos entre los muertos. Para aceptar las condolencias necesitamos conocer la verdad. ¿Dónde están nuestros desparecidos?”. Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes, trabajador de una mina en Chihuahua quen desapareció en 2013 junto con ocho compañeros más, reclamó a los representantes del Estado mexicano la falta de apoyo ante las vicisitudes que viven miles de familias de desaparecidos, a quienes las autoridades “no buscan ni investigan” y que arrastran graves problemas, sobre todo de tipo económico. El director del Centro Prodh advirtió que la razón por la que 21 organizaciones sociales solicitaron la audiencia temática sobre desaparición forzada se debe a la ausencia de “una política integral para prevenir la desaparición forzada” en México, evidenciada a partir del caso emblemático de Ayotzinapa. Ese caso, añadió, es “la expresión más cruenta de un sistema de violaciones e impunidad de parte de los diferentes niveles e instituciones del Estado”. Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CDHM), resaltó que el Estado mexicano no ha respondido a la dimensión del problema, toda vez que sólo en estados como Chihuahua y Guerrero, desde 2010, se han descubierto 90 fosas clandestinas con casi 500 cuerpos. Si las instituciones del Estado no están infiltradas por el crimen organizado, al que de forma sistemática se atribuyen las desapariciones, “¿cómo se explica que los familiares entreguen pruebas y se pierdan? ¿Cómo entender que los criminales se enteren de que los familiares interpusieron denuncias por desaparición y los amenacen, asesinen o desaparezcan?”, preguntó. Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), destacó que en el delito de desaparición forzada en México, pareciera que los perpetradores están conscientes de que “desaparecer es fácil, porque no tendrá consecuencias”. Tras resaltar que frente al gran número de denuncias sólo hay seis sentencias firmes por desaparición forzada desde 2005, la defensora dijo que ni siquiera los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como el de Rosendo Radilla o el de Campo Algodonero, han derivado en el procesamiento de los responsables. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que pese a que el Estado mexicano se ha referido al caso Ayotzinapa como un caso “atípico”, el tratamiento institucional que se le ha dado, agregó, es el “típico de todos los casos en los que se revictimiza a los familiares”. Subrayó que pese a la presión mediática nacional e internacional, “ninguna de las personas procesadas lo está por desaparición forzada, porque la investigación no fue direccionada para responsabilizar al Estado”, no obstante que desde 2013 las Fuerzas Armadas sabían de la “red de corrupción”, que se confirma –dijo– con las 250 desapariciones denunciadas en Iguala, donde a partir del caso de los estudiantes se han localizado 50 restos humanos. Después de aplaudir que los representantes del Estado admitieran que México está bajo la mirada internacional por casos como el de Ayotzinapa y de Tlatlaya, la comisionada Rosa María Ortiz les pidió datos concretos de las medidas tomadas para “desmantelar esa red de corrupción habilita que fenómenos tan terribles como la desaparición se normalicen”. En su oportunidad, el comisionado Paulo Vannuchi advirtió que como analista político considera que en el caso de los 43 normalistas debe tomarse en cuenta que la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa “no era una escuela cualquiera, aquí estudiaron los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez”. La desaparición forzada, apuntó, es para los familiares “una pena y tortura permanente” mientras no se tenga certeza del destino final y no se “concretice el duelo”. Al término de la audiencia, el embajador Emilio Rabasa se comprometió, a nombre del Estado mexicano, a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), habilitado para la supervisión del caso de Ayotzinapa, revise los lineamientos para formular una Ley General contra la Desaparición Forzada, así como acatar las recomendaciones que los expertos hagan para la búsqueda de desaparecidos, no sólo de los 43 normalistas, sino de los 26 mil que los antecedieron.

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