Caso Iguala no está cerrado, se debe buscar la verdad: CNDH

miércoles, 25 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El caso Iguala no está cerrado y se debe buscar la verdad, afirmó hoy el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien sostuvo que la autoridad debe dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales para responder a ellas con eficacia. El ombudsman expresó lo anterior frente al presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, al rendir su primer informe de actividades en el que llamó a no tolerar la impunidad y a seguir los reclamos por la vía legal. “Se ha dicho que Iguala marca un antes y un después para México y los mexicanos. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos deben hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país”, expresó González Pérez. En su mensaje, el titular de la CNDH se permitió otras opiniones: “Considero que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014, es el despertar y toma de consciencia que hechos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos”, dijo. González Pérez llamó a la implementación de medidas recomendadas por organismos internacionales; consideró que existe desconfianza en las instituciones, debido a los altos indicadores de impunidad, y también recordó que si bien “el caso Iguala” tuvo mayor visibilidad, la problemática de las desapariciones data de una década. También exigió al presidente emitir leyes contra la desaparición forzada y la tortura: una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética. “Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, argumentó. México, abundó, está obligado a atender los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura y desaparición forzada, en atención al compromiso asumido en el ámbito internacional. Y advirtió que incumplir las recomendaciones de la CNDH debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad. Por ello, pidió al presidente y a los gobernadores que giren instrucciones para que se cumplan las solicitudes de información y las recomendaciones que la CNDH hace a las instancias de la administración pública. Como ocurrió en años anteriores, Peña Nieto destacó el “compromiso” de su gobierno en materia de derechos humanos, felicitó el informe del ombudsman y recordó algunas de las medidas adoptadas por su administración, entre estas, difusión, capacitación y medidas de protección. Entre otros aspectos el mandatario, destacó el comprometido y hasta ahora no cumplido sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Sobre los instrumentos y recomendaciones internacionales no tuvo comentario. Peña Nieto reconoció que el Estado mexicano tiene mucho por hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos por lo que ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, “con la total disposición” de atender las recomendaciones. “Toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley; quien quebrante este precepto fundamental del Estado de derecho, tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan”, dijo. Finalmente, refirió que su gobierno ha articulado una política en materia de derechos humanos con tres ejes: difusión amplia del conocimiento y respeto a los derechos humanos; prevenir la violación de derechos humanos; y protección de los derechos de las personas. Sobre este último eje afirmó que México tiene “innovadores instrumentos” como la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo reconoció que “aún tenemos que ir por más”.  

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