MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aseguró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar un amparo a Irinea Buendía para reabrir el caso de la muerte de su hija Mariana Lima, “establece que las muertes violentas de niñas, jóvenes y adultas deben ser indagadas con perspectiva de género y no discriminación, con el propósito de conocer la verdad de los hechos”. En un comunicado, la Comisión expresó su beneplácito por la resolución de la Corte, que calificó como un “hecho de gran relevancia y valor histórico”, así como un “paso firme en los esfuerzos de nuestro país encaminados a la eliminación de la violencia contra las mujeres”. Destacó que con su decisión, los ministros establecieron criterios para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y sus homólogas en todo el país “investiguen la muerte violenta de mujeres desde una perspectiva de género, en donde el Ministerio Público está obligado a preservar adecuadamente las evidencias, la escena del crimen, recuperar el material probatorio, identificar a los testigos y promover las autopsias con personal capacitado para determinar si se trató de un crimen de odio hacia las mujeres”. La CEAV aseguró que la resolución es acorde con el principio de “Igualdad y no discriminación” que establece la Ley General de Víctimas (LGV), “mismo que debe ser observado por todas las autoridades en el país, al brindar atención a las víctimas directas e indirectas de delitos y de violaciones a los derechos humanos”. Ayer, en una decisión sin precedentes, la Primera Sala del máximo tribunal del país concedió un amparo a Irinea Buendía para que la Procuraduría mexiquense rehaga la investigación sobre el asesinato de su hija, Mariana Lima Buendía, como un probable feminicidio. La abogada de 29 años apareció muerta en su casa de Chimalhuacán el 29 de junio de 2010. Desde entonces, los familiares de la víctima responsabilizan a su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un agente policial de la misma PGJEM, a quien acusaron de ejercer violencia física y psicológica contra la joven. El Ministerio Público mexiquense investigó el caso como un supuesto suicidio, pues el esposo declaró que la encontró muerta en su cama. La propia CEAV aseguró este jueves que el proceso de investigación “estuvo plagado de irregularidades y omisiones”. En su búsqueda de justicia, Irinea Buendía se inconformó ante la SCJN, que atrajo el caso en septiembre de 2013. Ayer, la SCJN reconoció que la indagatoria “existieron irregularidades, falacias, omisiones y obstrucción de la justicia, las cuales han impedido que se conozca la verdad de los hechos”.