MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de la sociedad civil expresaron hoy su “preocupación” por las constantes descalificaciones de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hacia instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que recientemente aseguraron que la tortura y la desaparición forzada son prácticas generalizadas en México. En una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto urgieron al mandatario a “rectificar” las respuestas del Estado mexicano a esas observaciones. “La falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, manifestada en el creciente y preocupante desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte de su administración, representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho”, sostienen. Las organizaciones señalan en particular al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, quien, en una reunión privada con senadores, aseveró que el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, era una persona “no profesional y poco ética”, según reveló el portal SDPnoticias el pasado miércoles 25. De acuerdo con la página web, en ese encuentro Gómez Robledo dijo: “Pierde el relator, porque no vamos a trabajar con él en un rato; perdemos nosotros, porque no tendremos su asesoría; pierden los demás Estados que pensaban invitarlo, porque después de este desaguisado con México dirán: ‘mejor no lo invitamos’, y pierde la eficacia del sistema multilateral”. En su último informe Juan Méndez afirmó que después de la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de la justicia, la tortura en México es una práctica “generalizada”. Gómez Robledo afirmó lo anterior durante una reunión a puerta cerrada, sin embargo el pasado viernes 27 el propio titular de la SRE, José Antonio Meade Kuribreña, aseveró que suscribía a “todos y cada uno de los términos” del funcionario. Las 33 organizaciones nacionales e internacionales que suscriben la carta, califican como “inaceptable que la SRE rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar, no solamente por el alarmante aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos desde 2006 (…), sino por el hecho de que los innumerables casos documentados dan cuenta de patrones de conducta que se repiten diariamente en el país”. De igual manera, denuncian la postura del gobierno de no volver a trabajar con la instancia de la ONU, lo que evidencia “la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en nuestro país”. Luego de subrayar que México forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, agregan: “Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos”. En febrero pasado, la Cancillería descalificó las conclusiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas –según el cual existe un “contexto de desapariciones generalizadas en gran parte” del país–, al aseverar que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”. Apenas un mes después, el lunes 9, la misma dependencia descalificó de nueva cuenta las conclusiones de Juan Méndez, al afirmar que el diagnóstico del relator especial sobre la tortura “no corresponde a la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que ha desplegado el gobierno. En su carta, las organizaciones de la sociedad civil se muestran alarmadas ante la “autocomplacencia y la falta de voluntad” que ha adoptado el gobierno en estos casos y que “manifiestan claramente un cambio negativo de la política exterior que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las naciones unidas”, y “abonan a la crisis de confianza que enfrenta actualmente el Estado mexicano”. Las organizaciones y activistas recuerdan que en su labor diaria acompañan a víctimas de tortura, intimidaciones y amenazas, así como a familiares de desaparecidos –forzados o no– o de personas ejecutadas de manera extrajudicial, campos en los que, afirman, “hemos experimentado de primera mano la debilidad de las salvaguardias institucionales de prevención y protección ante estos delitos a lo largo y ancho del país”. En la misiva a Peña Nieto, las organizaciones señalan que en la documentación de casos de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asuntos que evidencian “la estrategia fallida de seguridad”, y que han “experimentado de primera mano la debilidad de las salvaguardas institucionales de prevención y  protección ante estos delitos a lo largo y ancho del país”. Los defensores señalan a Peña Nieto que la negación de la crisis de derechos humanos por parte de su administración “representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho”. Consideran que “una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos”. Las organizaciones hacen un llamado a Peña Nieto a la “congruencia en la política exterior mexicana en materia de derechos humanos”, toda vez que la actitud “abierta y permanente”  que México ha sostenido frente a los organismos internacionales “se diluye ante el desconocimiento de las observaciones emanadas de dichos mecanismos. Le recuerdan que los mecanismos internacionales de derechos humanos están “conformados por personas expertas y de reconocido prestigio internacional, quienes sobre la base de información objetiva y fidedigna, y guiadas por los principios de integridad, transparencia e imparcialidad, contribuyen en la promoción y protección de los derechos humanos”. Puntualizan: “la autocomplacencia y la falta de voluntad para atender lo que verdaderamente ocurre en el país, no contribuye a las accione necesarias para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. “En consecuencia –agregan las organizaciones–, le solicitamos rectifique las respuestas del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas  al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y atienda las recomendaciones presentadas en sendos informes a la brevedad”. Entre las organizaciones que firman la carta están Artículo 19; los centros de derechos humanos De la Mujeres, Fray Francisco de Vitoria, Fray Matías de Córdova, Miguel Agustín Pro y Paso del Norte. También se sumaron el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Grupo de Información en Reproducción Elegida, IDHEAS Litigio Estratégico, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros.