MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelar el registro de 42 precandidatos del PRD y el PRI en Michoacán. A ellos y otros más del PT también les impuso sanciones económicas porque no entregaron a tiempo los informes de sus gastos de precampaña. “Se establecen multas por 389 mil pesos al Partido Acción Nacional, 370 mil pesos al Partido Revolucionario Institucional, 4 millones de pesos al Partido de la Revolución Democrática y 35 mil pesos al Partido del Trabajo. Estas multas derivan principalmente de la responsabilidad legal que tienen los partidos políticos de dar cuenta del origen y destino de los recursos, así como de entregar en tiempo y forma los informes de sus precandidatos”, se señaló en la sesión pública de este miércoles. Luego de discutir por varias horas el reporte de la Comisión de Fiscalización sobre los informes de precandidatos a diputados locales y ayuntamientos de Michoacán y Jalisco, el Consejo General dio a conocer que de un total de mil 59 precandidatos en Michoacán, sus respectivos partidos entregaron 609 informes en tiempo, 408 fuera de plazo y fueron omisos en la presentación de 42 reportes. El presidente de la Unidad Técnica de Fiscalización, el consejero Benito Nacif, presentó el dictamen respectivo y el proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Fiscalización en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 marzo. Informó que se revisaron las precampañas de 24 cargos a diputados locales y 113 ayuntamientos del estado de Michoacán para los siete partidos que realizaron precampañas en esa entidad. Eso redundó en la revisión de mil 17 informes de precandidatos, 227 de precandidatos a diputados locales y 790 de precandidatos a ayuntamientos. El consejero Ciro Murayama destacó que de los 107 aspirantes del PRD a diputado local, 65 entregaron de manera extemporánea ante requerimiento de la autoridad y enviaron 34 informes en tiempo, así como el reporte de 80 precandidatos a postularse en los ayuntamientos. Cuando el 28 de febrero la autoridad les notificó sus observaciones, el partido presentó informes, ya con requerimiento y fuera de tiempo, para 65 aspirantes a diputados y 270 aspirantes a los ayuntamientos. Además desestimó la opinión del representante del PRD ante el INE, en el sentido de que algunos precandidatos externos a ese instituto político no debían presentar informes porque no eran tales, sino ciudadanos con intención de aspirar a cargos de elección popular. “¿Cómo esta autoridad podía adivinar que unos sí eran y otros no, si el propio Partido de la Revolución Democrática atendió las observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y presentó en sus escritos durante el período errores y omisiones? El Partido de la Revolución Democrática jamás dijo: éstos no son precandidatos”, subrayó. Murayama adoptó la propuesta de la consejera Pamela San Martín de no eximir de responsabilidad a los partidos cuando sus candidatos rebasen el tope de gastos de precampaña, porque deben vigilar la conducta de sus postulados. Y previó cinco escenarios. El primero, cuando hay una presentación a destiempo de los informes, pero sin que hubiese mediado requerimiento de la autoridad. En este caso el precandidato recibe una amonestación pública y el partido una multa por el 5% del monto del tope de gasto de precampaña, indicó. El segundo escenario se da cuando hay una presentación tardía del informe, pero en atención a un requerimiento de la autoridad. En ese caso la sanción al precandidato es una amonestación pública y al partido una multa de 10% del tope de gasto de la precampaña involucrada. Como tercer escenario destacó la omisión de entregar el informe, con la consecuencia de no otorgar el registro como candidato, y al partido se le multa por el 20% del tope de gastos de precampaña. El cuarto escenario es un rebase del tope de hasta 5%. El precandidato tendría una sanción por el 200% del monto en que hubiera excedido, y el partido una multa de 100% del monto involucrado. El último escenario es un rebase en más de 5%. En este caso hay una pérdida o negativa de registro para el precandidato como candidato. “Quien se exceda en más de 5% no sigue adelante. Ya no se le pondría la sanción económica, sino la sanción superior, que es que no continúa, y al partido se le impondrá una multa por el 100% del monto involucrado en el rebase del tope por el precandidato de que se trate”, afirmó. El representante suplente del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, recientemente nombrado, resaltó que en el caso de los priistas sancionados, se trató de personas que no habían obtenido el registro inicialmente, pero se ampararon, y la decisión final fue de los tribunales y la recibieron cuando ya había terminado el periodo de precampaña.