MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a los gobiernos, federal y estatales a combatir la explotación de jornaleros agrícolas en distintas partes del país, en particular en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur. En un comunicado, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, pidió a las autoridades federales y locales a que emprendan acciones para “prevenir y combatir la explotación laboral y las condiciones de trabajo incompatibles con los derechos humanos de los jornaleros”. La semana pasada inició una queja para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos de jornaleros agrícolas de San Quintín y Comundú, cuyas manifestaciones y paros para exigir mejores condiciones laborales han sido reprimidas. En un comunicado, la CNDH precisó que personal a su cargo ya obtuvo testimonios de jornaleros sobre su llegada cada año para la cosecha de diferentes productos y la situación general en la que realizan sus labores. También dialogó con autoridades federales y locales, así como con representantes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de ambas entidades para obtener información sobre los hechos. Desde el pasado martes 17 de marzo, más de 70 mil jornaleros que trabajan en el Valle de San Quintín, en su mayoría originarios de Oaxaca, bloquearon e instalaron un plantón en los 137 kilómetros de la carretera Transpeninsular, desde Punta Colonet hasta el Rosario. Su propósito fue denunciar la explotación y abusos que sufren por parte de los dueños de los campos de cultivos, así como el poco sueldo que reciben. Las autoridades respondieron la madrugada del miércoles 18 con detenciones masivas y –en algunos casos– arbitrarias. Por ello la CNDH inició expedientes de queja, para indagar sobre las condiciones en que viven y laboran miles de personas que se desplazan desde sus lugares de origen hacia otras regiones del país, a fin de obtener recursos para su sustento y el de sus familias. El organismo integra el expediente a partir de las visitas hechas por personal de la Comisión y de diversas notas periodísticas y reportajes en medios de comunicación. También investiga la actuación de los servidores públicos de las dependencias responsables, cuyos actos y omisiones pudieran constituir violaciones a los derechos humanos de los jornaleros. “Esta Comisión Nacional es y seguirá siendo respetuosa de los ámbitos de competencia de cada autoridad en los términos que dispone el orden jurídico mexicano, ya que éste es en esencia el elemento fundamental en el que radica la fuerza jurídica y ética de sus resoluciones; por ello, no dejará de actuar en casos similares a los ya señalados. “Revisará al respecto también las políticas públicas que, en materia social, han sido aplicadas al sector de los jornaleros”, subrayó el organismo defensor de los derechos humanos.