Exigen activistas frenar abusos contra centroamericanos

lunes, 13 de abril de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante el operativo del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal en Ixtepec, Oaxaca, para evitar que un grupo de migrantes emprenda una movilización hacia el Distrito Federal, el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire) exigió frenar los abusos derivados del Plan Frontera Sur, que busca impedir que centroamericanos sin documentos lleguen a Estados Unidos. En un comunicado, la organización exigió a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, de donde son la mayoría de los migrantes centroamericanos, que “tomen la responsabilidad que les corresponde de atención a sus connacionales para que reciban un trato apegado a derecho y otorguen la protección necesaria a su población”. Los activistas recordaron que el objetivo de los centroamericanos que se congregaron en Ixtepec, y que pretendían salir hacia la capital del país el jueves pasado, es “establecer un diálogo con el gobierno a fin de exponer la situación de violencia que viven en su tránsito por México”. El Codemire manifestó su preocupación porque pese que la Ley de Migración y su reglamento “no criminalizan la migración irregular y promueve la protección de las personas migrantes”, en la práctica se “hostiga y criminaliza” a los indocumentados que atraviesan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos, “escapando de la grave situación de violencia” que se vive en Centroamérica. Los defensores de migrantes sostienen que los abusos cometidos se han incrementado “a raíz del recrudecimiento de la política migratoria nacional y particularmente a partir de la implementación del Plan Frontera Sur”. Por ello, abundaron, “en una medida desesperada” es que los migrantes decidieron buscar el diálogo con el gobierno mexicano para denunciar la violencia que viven en su tránsito por nuestro país. Al acusar que la respuesta del gobierno mexicano ha sido el despliegue de operativos “que podrían atropellar los derechos humanos de decenas de personas migrantes”, la Codemire solicitó la intervención de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), así como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para lo Refugiados (ACNUR), toda vez que entre los indocumentados hay personas que buscan tramitar visas humanitarias o refugio. Tras exigir a los gobiernos de los países expulsores de migrantes que asuman la responsabilidad de representar a sus connacionales, la Codemire exigió respeto a los derechos humanos de esta población, en especial de niños, niñas y adolescentes, así como dar refugio a las personas cuya vida corra peligro en sus lugares de origen. Además, pidió que en coordinación con el INM se otorguen visas humanitarias a las personas que han sido víctimas o testigos de delitos en su tránsito por México, con el fin de que esos ilícitos sean castigados. Los activistas también solicitaron a la CNDH y Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca vigilen “que se respeten y protejan lo derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México y de los integrantes del Vía crucis, iniciando las quejas correspondientes en caso de que se violen sus derechos humanos”. Incluso, hicieron un llamado al Legislativo para que revise la actual Ley de Migración, con el fin de “evaluar la pertinencia de involucrar a agentes de seguridad pública en la administración de flujos migratorios, y garantizar el tránsito regulado de los transmigrantes en el que su situación económica no sea el fundamento para negar el ingreso a México”. Asimismo, solicitaron que se “proteja la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos de migrantes y refugiados, y se reconozca su derecho a la defensa”.

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