MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los normalistas desaparecidos, urgió al Senado de la República a aprobar una reforma constitucional que haga posible legislar sobre desaparición forzada en México. Ante el próximo cierre de sesiones del Congreso de la Unión, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos segunda, en la que recomiendan materializar una reforma constitucional que otorgue facultades al Poder Legislativo federal para que legisle en esa materia. Hasta ahora los congresos de 22 entidades federativas han legislado y tipificado la desaparición forzada, delito de lesa humanidad que no ha sido abordado por los estados de Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De ahí la propuesta de los especialistas para que el Congreso de la Unión tenga facultades para emitir una ley general sobre desaparición forzada, que después deberá ser emulada por los congresos locales. Con el mandato para hacer recomendaciones encaminadas no sólo al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el GIEI planteó en la misiva, enviada ayer, que “si esta reforma no se aprueba en el mes de abril de 2015, deberá ser un nuevo Congreso el que en el futuro articule esta medida”. De concretarse la iniciativa “se estaría contribuyendo de manera decidida para que en el transcurso de este año, durante el siguiente periodo de sesiones, se apruebe la referida ley sobre la desaparición”, precisaron los expertos en un comunicado de prensa difundido este martes. Alejando Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Beristáin y Francisco Cox urgieron a los legisladores a aportar herramientas jurídicas ante problemas graves como la desaparición forzada. “México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición”, apuntaron. Recordaron que la petición cumple con los lineamientos del mandato del GIEI, que fue creado en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH. Las líneas de trabajo incluyen observaciones en materia de búsqueda , investigación, atención a las víctimas del caso Ayotzinapa y propuestas de políticas públicas frente a la desaparición forzada para México. Por otro lado, una coalición de 120 organizaciones de la sociedad civil presentó ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 19 la prohibición de desaparición forzada o perpetrada por personas particulares sin la autorización de agentes del Estado. De igual manera, demandó modificar el artículo 73 para que el Congreso de la Unión legisle en esta materia de derechos humanos en leyes generales reconocidas por la Constitución y en los tratados internacionales. A nombre de las más de 100 organizaciones hablaron Juan Carlos Gutiérrez y padres y madres de desaparecidos como María Guadalupe Fernández Martínez, de Fundec Coahuila; Valentina Peralta, del Movimiento por la Paz, y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “La impostergable necesidad de contar con una Ley General de Desaparición de Personas se eslabona a otras leyes generales que también son necesarias, como la Ley sobre la Tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanas y degradantes”, destacó Valentina Peralta. Luis Tapia dijo que es momento que el Congreso “reaccione con voluntad política adecuada frente a las graves violaciones a los derechos humanos que aquejan al país”. Las senadoras Gabriela Cuevas, del PAN, Angélica de la Peña, del PRD, y los senadores Omar Fayad, del PRI, así como Alejandro Encinas, recibieron la iniciativa y se comprometieron a incluirla en la dictaminación de otras propuestas pendientes. Encinas afirmó que le daban el aval a esta iniciativa, mientras De la Peña señaló que existe un mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, “estamos obligados a atender las recomendaciones del examen periódico universal”. Fayad, del PRI, destacó que “aquí está la voluntad política y ha habido senadores y senadoras que han trabajado en ello”. Añadió: “Creo que el caso de Iguala ha despertado en México y en los mexicanos la necesidad de construir una legislación para que no vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, para que tenga la respuesta necesaria”, abundó el senador priista.