MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aceptar la constitucionalidad del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. Menos contundente fue el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo presidente Luis Raúl González Pérez, dijo ser “completamente respetuoso” de las resoluciones de la Corte, aunque el arraigo sí es una práctica que propicia que se vulneren derechos humanos. En un comunicado, la CDHDF aseguró que la decisión de la SCJN  abre “la posibilidad de que se continué utilizando la figura de arraigo que es contraria a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados suscritos por México”. Ayer, la Corte avaló –con seis votos a favor y cinco en contra– la constitucionalidad del artículo 133 bis del mencionado Código que permite a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar el arraigo domiciliario de las personas que puedan estar involucradas en delitos graves del orden federal. La medida tendrá vigencia hasta que se concrete la reforma en materia penal que tiene como límite junio de 2016; entonces, la Procuraduría sólo podrá solicitar el arraigo para los casos relacionados con la delincuencia organizada. Este miércoles, a través de un comunicado, la CDHDF aseguró que “el arraigo es un mecanismo que, sin ser la consecuencia de un proceso penal, priva a la persona arraigada de su libertad y atenta contra el principio de presunción de inocencia”. Su aplicación, continuó, “contradice lo establecido en el artículo 1° constitucional, en particular respecto al postulado sobre efectuar la interpretación más amplia en favor de la persona”. La SCJN, resaltó, tiene la facultad de aplicar el control de regularidad para determinar la invalidez de la figura en comento “pues la misma no supera el test de razonabilidad, en virtud de que vulnera el derecho a la libertad personal de tal forma que excede los límites impuestos al propio Estado”. Por último, el organismo presidido por Perla Gómez, reiteró su invitación a las diferentes instituciones involucradas, así como a la sociedad civil a buscar abrir espacios de diálogo y discusión “en pro de buscar el fortalecimiento de un Estado democrático y garantista, en donde figuras como el arraigo no pueden tener cabida”. Por su parte, al participar en el Coloquio “Organismos Autónomos de Protección a Derechos Humanos”, organizado por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, el ombudsman nacional señaló que el arraigo es una práctica que propicia que se vulneren los derechos humanos y que es contraria a principios derivados de estos, como la presunción de inocencia. Luis Raúl González Pérez tocó el tema al dar respuesta a una pregunta que se le formuló durante su intervención, sobre la reciente determinación de la Corte. Afirmó que la CNDH es “por completo respetuosa de las resoluciones que toma el Poder Judicial de la Federación”, aunque –reparó– en el ámbito de los derechos humanos, “la práctica del arraigo ha sido cuestionada desde hace tiempo y su eliminación o adecuación a estándares internacionales en la materia se ha propuesto tanto por organismos e instancias nacionales como internacionales”. González Pérez dijo que es necesario adoptar medidas para superar prácticas contrarias a los derechos humanos, como mejorar los mecanismos de procuración e impartición de justicia, atendiendo a parámetros internacionales y con la menor restricción a la libertad de las personas.