MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas plantearon hoy ante delegaciones de México y de la Unión Europea la necesidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto acepte las recomendaciones y las conclusiones de las instancias internacionales de derechos humanos, como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y del relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez. “No sólo organizaciones, también relatores y expertos en la materia decimos que estamos viviendo una crisis de derechos humanos en México, particularmente en términos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno forzado, libertad de expresión de periodistas y de defensores de las tierras y de los territorios”, señaló Olga Guzmán, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Los representantes de ONG leyeron ante los diplomáticos las conclusiones del seminario de la sociedad civil en el marco del Quinto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos que sostuvieron ayer 29 organizaciones mexicanas y europeas, y llamaron a que “la UE y México se exijan mutuamente los mismos estándares de derechos humanos que reclaman a otros países”. “Que hayan permitido que representantes de organizaciones de la sociedad civil acudieran a este diálogo es una señal positiva”, estimó Guzmán. Durante el seminario que se llevó a cabo ayer las organizaciones discutieron de los temas de la vulnerabilidad de los migrantes, los refugiados y los desplazados, así como la situación de los niños y las violaciones a derechos humanos por parte de algunas empresas, los cuales tienen en común “la corrupción, la impunidad y la falta de mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y reparación”. Para poner fin a las desapariciones forzadas, las organizaciones urgieron hoy al gobierno mexicano a implementar todas las “recomendaciones estructurales” que emita el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Ayotzinapa. Asimismo, llamaron a crear un mecanismo transnacional de búsqueda inmediata y con vida de personas desaparecidas. Las ONG también aseveraron ante los diplomáticos que en los últimos años algunas empresas, tanto mexicanas como europeas, han vulnerado en México muchos derechos, entre otros a la consulta y la libertad de asociación sindical, a través de sus métodos de “despojos, desplazamientos forzados, ruptura del tejido social, contaminación y sobreexplotación de recursos naturales”. Las empresas pudieron cometer las violaciones anteriores “con el respaldo de las autoridades y el cuerpo diplomático tanto en el país de origen como en el anfitrión”, advirtieron las organizaciones, las cuales llamaron a la UE y a México a elaborar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. “Recomendamos al gobierno mexicano que adopte un plan de acción nacional el próximo año (…) y que haya una acción de la sociedad civil, buscamos que las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas sean sancionadas”, aseveró Benjamín Cockelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Ante los diplomáticos mexicanos y europeos, las ONG recordaron que el gobierno mexicano endureció su política migratoria y cerró sus fronteras, lo que generó “violencia e inseguridad para las personas extranjeras en el territorio” en un entorno de “criminalización, discriminación, xenofobia y racismo”. Por lo anterior, exigieron a los representantes políticos a comprometerse en abandonar “el enfoque de seguridad por el de protección a la vida y dignidad humana”.