MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional lanzó una campaña por la liberación de Adrián Vázquez Lagunes, quien en 2012 fue sometido a 12 horas de tortura y acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de delitos contra la salud y portación de armamento. Madeleine Penman, investigadora de la organización internacional para México, explicó que a partir de la consignación de tres policías estatales como responsables de la tortura sufrida por Vázquez Lagunes, “iniciamos una campaña internacional entre nuestros agremiados para pedir a la PGR el desistimiento de los cargos”. Entrevistada por Apro, Penman detalló que el caso de Adrián Vázquez es “emblemático de la tortura utilizada por corporaciones policiacas y fuerzas armadas para incriminar a personas en crímenes graves”. Apuntó que es uno de los pocos casos en los que las víctimas han recurrido a la denuncia penal contra los perpetradores. “Lo que sabemos es que la misma noche en que la policía detuvo a Adrián, varias personas fueron detenidas y muchas mostraban huellas de golpes, lo que habla de la gravedad del problema en México”, agregó. La investigadora recordó que persisten casi “dos mil averiguaciones previas en la PGR por tortura, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) levantó más de siete mil quejas el año pasado, lo que habla de que la situación es realmente grave”. Vázquez Lagunes fue detenido por efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en 2012, mientras circulaba por calles de Tijuana, Baja California. Los agentes lo sometieron a golpes severos, intentos de asfixia y amenazas durante 12 horas. “Adrián nunca confesó –apuntó Penman--, lo que hay es una fabricación de pruebas, la presentación de armas y droga y la declaración de los policías que lo detuvieron que dicen que Adrián dijo que era El Macho Prieto, un jefe del narcotráfico”, perteneciente al cártel de Sinaloa, quien días más tarde murió en un enfrentamiento en Puerto Peñasco, Sonora. Pese a que hay evidencias de que quien se hacía llamar El Macho Prieto, Gonzalo Inzunza Iriarte, fue muerto e identificado, Vázquez Lagunes continua en el penal del Hongo, en Tecate, Baja California. La investigadora de AI, aseguró que contra las escasas pruebas que inculpan a Vázquez Lagunes, hay “unas 15 pruebas de las irregularidades en el caso, desde la consignación sin orden de aprehensión, irregularidades en la bitácora de los políticas, deficiente atención médica y de estudio de integridad física por parte de los médicos legistas del estado y de la PGR, que dicen que Adrián está bien y a las 24 horas colapsa y se va ocho días al hospital”. Ante el cúmulo de irregularidades, AI consideró que “la PGR tiene los suficientes elementos para desistirse de la acción penal y dejar en libertad a Adrián”. Sandra Esquer, abogada de Vázquez Lagunes, destacó que este caso es el primero en Baja California en que se consigna a presuntos torturadores, luego de 21 años, en que se tipificó el delito en la entidad. Esquer, quien desde 2008 ha representado a cerca de 50 personas detenidas y torturadas por distintas corporaciones policiales y de las fuerzas armadas en Baja California, resaltó que el caso de Vázquez Lagunes fue ampliamente documentado por el relator de la Tortura de la ONU, Juan Méndez. Por las torturas, Vázquez Lagunes sufrió daños severos en el brazo, pulmón y vejiga “que lo dejaron incapacitado de por vida”, agregó. Para la abogada, “el caso de Vázquez Lagunes es una prueba de que, al menos en Baja California, persiste un largo historial de tortura. Es fácil hacer la afirmación de que la tortura no es generalizada desde un escritorio, pero cuando hablas con los detenidos te das cuenta de que la gran mayoría fue sometido a tormentos y que la utilizan las propias autoridades como medida necesaria para detener personas, o como ellos dicen, delincuentes”. Esquer explicó que siendo el primer caso en que se consigna a torturadores y en que autoridades locales realizan el primer Protocolo de Estambul para confirmar la tortura, “sería un gran avance que fuera el primero en que la PGR se desistiera de la acción penal por esos motivos y pusiera a Adrián en libertad”. La abogada añadió que de liberarse y concretarse las órdenes de aprehensión contra los tres presuntos torturadores, “el siguiente paso es el reconocimiento de inocencia y la reparación del daño, porque sufrió lesiones de por vida”.