MÉXICO, D.F. (apro).- La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular que se discute en la Cámara de Diputados motivó que usuarios de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) bloquearan los accesos a San Lázaro, debido a que la legislación en ciernes prevé su desaparición. Durante horas, los beneficiados de esas instituciones de crédito portaron mantas y cartulinas mediante las cuales reclamaban a los diputados federales “legislar junto al pueblo, no contra el pueblo”, o su rechazo a un cambio jurídico en dichas entidades como salida al fraude cometido por los socios de Ficrea. El jueves de la semana pasada, los diputados aprobaron en comisiones la llamada “ley Ficrea” para regular esas cajas de ahorro, y entre los cambios destaca la desaparición de las Sofincos, es decir, las sociedades mediante los cuales la gente de escasos recursos tiene acceso a los servicios de ahorro, crédito y vivienda. La nueva legislación también prevé que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), que hoy están obligadas a pagar un seguro de 133 mil pesos o 25 mil unidades de inversión, en caso de quiebra, deberán entregar una “cuota” al Fondo de Protección a los Ahorradores, de acuerdo con el número de socios o créditos que hayan otorgado. La nueva ley surge a partir del fraude que el gobierno federal detectó en Ficrea y cuyo dueño, Rafael Antonio Olvera Amescua, se encuentra no sólo prófugo sino que además ayudó a gobiernos estatales, como los de Oaxaca, del priista Ulises Ruiz, y de Coahuila, con Humberto Moreira, a utilizar dinero de las participaciones federales para fondear, mediante toda una red de empresas, adquisiciones de bienes en desuso. En otras palabras, para que los entonces gobernadores se respaldaran en una pequeña institución de crédito y poder así saquear las participaciones federales. Luego de ello el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela, optó por clausurar Ficrea en lugar de intervenirla, lo que generó el malestar de los usuarios, sobre todo de aquellos que contaban con más de un millón de pesos ahorrados. Como una medida de regulación, el gobierno y los diputados federales decidieron modificar la ley afectando no sólo casas crediticias, como Ficrea, sino además a las Sofincos. Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, las Sofipos han sido develadas como sociedades mediante las cuales se han cometido fraudes o hay presunto lavado de dinero. El primer caso se presentó en 2014 mediante la llamada Caja de Ahorro Libertad ubicada en Querétaro, misma que se vio involucrada en el fraude cometido por Amado Yáñez –dueño de la contratista de Pemex, Oceanografía– y otro de sus socios, Martín Díaz Álvarez, éste último prófugo al igual que el socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua. Se espera que este miércoles se apruebe por el pleno la nueva legislación para regular las sociedades financieras dirigidas a usuarios de escasos recursos, aunque presentando un adendum o añadido que excluya la desaparición de las Sofincos.