MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de una investigación por el caso de Alondra Luna Núñez, adolescente de 14 años quien fue “sustraída de su escuela y llevada a Estados Unidos”. A unas horas de que Alondra retornara a su lugar de origen, la CNDH informó en un escueto comunicado de la apertura de la investigación. Sin dar detalles, la Comisión explica que de acuerdo con la queja presentada “agentes policiales sustrajeron de su escuela a la alumna, a quien llevaron ante la jueza con asiento en Los Reyes, Michoacán, quien otorgó la custodia de la joven a una mujer radicada en la Unión Americana que la reclamó como su hija”. El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez informó que solicitará “los informes respectivos a las autoridades señaladas como responsables y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda”. Hija de Gustavo Luna y Susana Núñez, Alondra fue sacada de las instalaciones de una telesecundaria en Guanajuato por agentes de la Interpol y de la Policía Ministerial Federal, el jueves 16, en acatamiento a un procedimiento de restitución internacional de la menor, interpuesto por Dorotea García ante una juez civil de Michoacán. Gracias a una prueba de ADN, se demostró que no era hija de Dorotea García Macedo, residente en Houston, quien sostenía que Alondra era la niña que le fue robada en 2007. Ridícula, la actuación de la policía: REDIM Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) el caso de Alondra es prueba de que las autoridades siguen “el patrón de no defender a los connacionales frente a las autoridades estadunidenses”. En un pronunciamiento, el director ejecutivo de la REDIM, José Martín Pérez García, apuntó que “el proceso llevado a cabo por las autoridades policiacas y judiciales cayó en el ridículo, careció de sentido común y respeto a los derechos humanos”. Para la organización, este caso es preocupante “porque la Policía Federal y las autoridades judiciales ignoraron la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, promulgada por Enrique Peña Nieto en diciembre del año pasado. De acuerdo con dicha ley, agregó la REDIM, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a “participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten”. Al señalar que el tratamiento que se dio a Alondra fue de “objeto de disputa”, y no de ciudadana mexicana con derechos, la REDIM consideró que “la actuación de las autoridades ha generado incertidumbre jurídica al violentar las garantías judiciales de ser escuchado, actuar con imparcialidad y tener un juicio justo”. La REDIM exigió una investigación y sanción a las autoridades responsables de “este proceso irregular” así como una recomendación por parte de la CNDH. La organización pidió también garantías de seguridad para la adolescente y su familia, así como la asistencia profesional para prevenir el estrés-postraumático, “ocasionado por la privación de su libertad, la sustracción del país y estar en un lugar con un idioma diferente y sin los referentes afectivos con los que cuenta en México”.