MÉXICO, D.F. (apro).- Al momento en que por mayoría de votos la Cámara de Diputados aprobó la minuta de cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permite a agentes extranjeros portar armas de fuego, la fracción del PRD anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad, ya que dicho cambio viola los artículos 10, 76 y 21 de la Carta Magna. Con 288 votos a favor, 82 en contra y 9 abstenciones, las fracciones de PRI, PAN, PVEM y Panal respaldaron la minuta enviada por el Senado, misma que facilita la portación de armas en territorio nacional a agentes extranjeros de aduanas, migratorios y de seguridad que acompañen a jefes de Estado en su visita al país. Al fijar la posición del PRD, la diputada y presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, Amalia García, calificó de “penoso” para el Estado mexicano el que se presente de parte del Ejecutivo federal --Enrique Peña Nieto-- una permisión de dicha naturaleza, pues no sólo viola la Constitución y atenta contra la “soberanía”, sino que además pone de manifiesto la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad en su propio territorio. En su intervención, la también exgobernadora de Zacatecas y expresidenta nacional del PRD, acusó: “La Ley de Armas de Fuegos y Explosivos violenta la Constitución, que es muy clara, pues ésta dice en su artículo 10 que son los habitantes, es decir los mexicanos y mexicanas, los únicos que podemos tener armas en nuestro domicilio y las corporaciones, por supuesto, y también el artículo 76 dice que son facultades exclusivas del Senado autorizar el paso de tropas extranjeras. En ningún lado dice que se queden aquí en nuestro territorio. “Y el artículo 21 de la Constitución señala claramente que es función de la Federación, de los estados y los municipios, garantizar la seguridad, y en todo caso poner sanciones administrativas. Jamás habla de los extranjeros”, argumentó la legisladora. Crítica en su posicionamiento, García se dirigió al presidente de la Mesa Directiva, el perredista y expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que avaló todos los cambios de la Carta Magna para dar paso a las reformas energética y de telecomunicaciones, Julio César Moreno, y le advirtió: “Creo, señor presidente, y quiero enfatizar esto, que no podemos admitir un asunto de esta naturaleza, en absoluto. No podemos admitirlo. No sólo es muestra de incapacidad del Estado para garantizar seguridad en su territorio, es pérdida de soberanía, es entrar en el concepto de seguridad nacional de Estados Unidos. ¡¡Esto es inaceptable!!” Antes, la diputada perredista puso los puntos sobre las íes sobre lo que es desde su punto de vista el verdadero trasfondo de dicho cambio a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos: “Estados Unidos quiere recorrer la frontera del río Bravo hacia el sur y quiere que las áreas de contención de la migración que viene de Centroamérica se recorran a nuestro territorio nacional”. El PAN, quien respaldó en lo general la reforma, aclaró a través del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández que presentarán algunos cambios, entre ellos “que los agentes que presten sus servicios en estos ámbitos, aduanal y migratorio, en territorio nacional, entreguen también certificado médico, psicológico y de no consumo de drogas o enervantes, tal y como se exige, a los agentes mexicanos”, además de que una vez que concluyan su trabajo, “el arma deberá ser resguardada en su lugar de trabajo”. El PAN dijo que respaldaba los cambios a la citada ley porque, a diferencia de la perredista Amalia García, considera que la pretensión de las modificaciones es “hacer más eficiente el flujo de personas y mercancías propiciando la integración de cadenas productivas de México con la de otros países, e incrementando la influencia turística hacia destinos nacionales; incluso algunos que hoy son poco visitados”, justificó Rivadeneyra. Diputados del PAN y PRD formularon unas 30 reservas pero es improbable que se respalden, pues ello implicaría regresar la minuta al Senado de la República, junto cuando sólo quedan dos sesiones para concluir el último periodo ordinario de la actual Legislatura federal.