CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Al cumplirse siete meses de la masacre y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, normalistas marcharon en esta capital y apedrearon la sede del Congreso estatal, considerado como símbolo de la narcopolítica en la entidad, y quemaron seis vehículos de empresas particulares. https://vine.co/v/eWHZIKgmXnA https://vine.co/v/eWXxTBrhIYO La protesta encabezada por los padres de las víctimas fue dispersada con gas lacrimógeno por policías estatales y los estudiantes respaldados por miembros del magisterio disidente y organizaciones sociales respondieron lanzando piedras contra los uniformados, sin que se registrara un incidente grave. [gallery type="rectangular" ids="402424"] Posteriormente, los normalistas de Ayotzinapa sostuvieron una confrontación verbal con militantes del PRI, quienes decidieron cerrar una céntrica calle para realizar un mitin proselitista y obligaron a los estudiantes que se desplazaban a bordo de varios autobuses a tomar calles para salir en sentido contrario. Los priistas iban encabezados por un grupo de choque que dirige Inocente Mojica, dirigente transportista en esta capital acusado de tener nexos con el narco y administrar una flotilla de taxis al servicio de la delincuencia que circulan impunemente en la capital de la entidad. Por su parte, en el municipio indígena de Ayutla de los Libres ubicado en la región de la Costa Chica, integrantes del movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa quemaron propaganda afuera de las oficinas de la sede del Distrito 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), y del comité directivo municipal del PRI. También, retuvieron un tráiler tapizado con propaganda de Severo Castro Godínez, exalcalde y candidato a diputado local por PRI-PVEM y que presuntamente iba cargado con despensas. Mientras que en Tixtla, la guardia comunitaria bloqueó la carretera federal Chilpancingo-Tlapa y retuvo a un agente de la Policía Federal División Caminos, quien permaneció retenido varias horas luego fue liberado. De esta forma se vivió la jornada de protestas para exigir justicia por el caso Ayotzinapa a siete meses de la barbarie que exhibió el nivel de infiltración del narco en la esfera política y gubernamental, situación que tiene sumida la entidad en una crisis social ante la falta de credibilidad y legitimidad de las autoridades. En las acciones realizadas en diferentes regiones de la entidad, los manifestantes aglutinados en el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) advirtieron que van a boicotear las elecciones del 7 de junio por considerar que la clase política sólo representa a la delincuencia. La marcha en esta capital comenzó a las 12:30 horas, de la parte norte y avanzó de manera pacífica hacia el sur sobre las principales calles de Chilpancingo. La protesta era encabezada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miembros del magisterio disidente, organizaciones sociales y normalistas que forman parte del MPG, quienes insistieron en señalar que a siete meses de la barbarie de Iguala, aún no hay justicia. Los manifestantes lanzaron consignas contra los políticos ligados a la delincuencia y reiteraron su advertencia del boicot electoral. También, realizaron pintas en bardas y paredes donde plasmaron mensajes para seguir insistiendo en su demanda de justicia por el caso Ayotzinapa. El contingente arribó a la sede del Congreso local y derribaron los portones con vehículos de empresas particulares retenidos previamente, enseguida, los normalistas apedrearon la fachada principal del inmueble considerado como el símbolo de la narcopolítica en la entidad. Ello debido a que el representante del Poder Legislativo en Guerrero, es el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos que opera impunemente en la región Centro de la entidad y se encuentra afincado en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango. Los manifestantes incendiaron seis camionetas utilizadas para repartir productos de las empresas Bimbo y Marinela. Enseguida, arribaron policías estatales con equipo antimotín y dispersaron la manifestación lanzando gas lacrimógeno. Esto provocó que se caldearan aún más los ánimos: los normalistas respondieron con piedras en contra de los uniformados y se desató una trifulca que se prolongó por unos 10 minutos. Posteriormente los manifestantes se replegaron por distintas calles de la capital rumbo al zócalo capitalino donde miembros de la CETEG mantienen un plantón y tomado el ayuntamiento de Chilpancingo, que es utilizado como refugio. La acción violenta contra la sede del Congreso estatal ocurre luego de que la fracción parlamentaria del PRD que lidera Bernardo Ortega y los diputados del PVEM, se unieron para evitar que Rogelio Ortega Martínez fuera designado durante la madrugada como gobernador sustituto. Ello a pesar de que se trata de un acuerdo pactado entre el gobierno federal y la corriente perredista de Los Chuchos donde se filtró la versión de que los diputados locales pidieron dinero a cambio de aprobar la propuesta de ungir a Ortega Martínez como sustituto.