QUERÉTARO, Qro. (apro).- En la disputa por el poder en esta entidad, los candidatos de PRI y del PAN prometen que ahora sí serán transparentes, pero sus actos evidencian lo contrario. En el PAN sostienen que sus candidatos se caracterizarán por impulsar gobiernos transparentes, incluso han destacado que su candidato a gobernador, Francisco Domínguez, presentó su declaración patrimonial. Sin embargo, el PAN impulsa otra vez en el distrito IV local a Eric Salas González, quien promovió el cobro por la búsqueda de información cuando fue legislador en 2006-2009. Ese cobro desalentó el derecho de acceso a la información pública en la entidad, y por ello el número de solicitudes se desplomó 95%, debido a que cuando la gente requería información al gobierno del entonces mandatario panista, Francisco Garrido Patrón, en respuesta le exigían al ciudadano pagar miles de pesos sólo para buscar los datos. La medida, considerada como una de las peores prácticas en materia de transparencia a escala nacional, fue aprobada cuando los panistas ocupaban 16 de 25 curules, con Salas González como coordinador. De ese grupo de panistas opacos, ahora el partido no sólo impulsa a Eric Salas, también quiere llevar a la presidencia municipal de El Marqués a Guadalupe García Ramírez, y al Congreso local a Roberto Carlos Cabrera Valencia, José González Ruiz y a la panista Adriana Fuentes Cortés, esta última, incluso, por la vía plurinominal. Estos panistas, que el partido quiere hacer de nuevo diputados, no sólo aprobaron el cobro por la búsqueda de información cuando eran integrantes de la LV Legislatura, también intentaron fusionar la Comisión Estatal de Información Pública Gubernamental y la Defensoría de los Derechos Humanos. Sin embargo, esa pretensión anticonstitucional, que habría debilitado al órgano garante de transparencia, fue echada abajo por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El entonces presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, Miguel Servín del Bosque,  habló así de la situación: “Estamos en un estado donde la opacidad reina y muchos documentos no se dan a conocer, e incluso los salarios de los legisladores o lo que perciben por dietas o por asesorías tienen temor de darlos a conocer”, recordó. Si bien hoy los candidatos a la alcaldía y gubernatura, Marcos Aguilar Vega y Francisco Domínguez Servién, han presentado su declaración patrimonial, no se han desmarcado de los candidatos opacos de su partido; peor aún, hacen campaña juntos. Sobre las malas prácticas de sus antecesores, Aguilar Vega simplemente respondió que él no está dispuesto a pagar por “pecados ajenos”. En tanto, Domínguez Servién no se ha pronunciado al respecto, pero es sabido que dejó su cargo de senador a su suplente, la panista y actual senadora Sonia Rocha Acosta, quien es otra exdiputada local que también aprobó el cobro por la búsqueda de información y que promovió la fusión del órgano garante de transparencia. Ese cobro fue eliminado en el actual sexenio con el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa. Esconden priistas su declaración patrimonial Y mientras en el PAN impulsan a candidatos opacos, el candidato del PRI, Nueva Alianza, PVEM y Partido del Trabajo, Roberto Loyola Vera, abiertamente rechaza hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. El priista ha señalado que la Ley del Notariado se lo impide, que tiene derecho a su privacidad, y que ya presentó su declaración en la Notaría 24 –con su amigo priista, el notario Fernando Lugo García Pelayo–, que la depositará en manos del Consejo Consultivo Empresarial, que por cierto también preside Fernando Lugo. Loyola Vera incluso emitió una carta abierta a la ciudadanía en la que dice que no va a traicionar la confianza de los queretanos, que no va a exponer a las empresas en las que participa y que tampoco va a exponer a su familia. “La honestidad no sólo se cumple con papel, se cumple con la palabra, se cumple en la trayectoria de una vida honesta, de una vida que nos hace y nos define por quiénes somos, una vida congruente, una vida ausente de escándalos”, insiste. Mientras arrecian las críticas contra el priista –y el resto de candidatos del PRI que se han alineado al planteamiento de Roberto Loyola Vera–, el semanario Tribuna de Querétaro de la Universidad Autónoma de Querétaro difundió que Roberto Loyola y su esposa cuenta con más de 33 propiedades. “Mi patrimonio no se construyó por haber trabajado en el gobierno. He sido profesionista independiente, asesor, servidor público, empresario y más de la mitad de este tiempo, notario. Quiero ser gobernador, pero no a cualquier costo. No voy a traicionar la confianza de los queretanos que me han dictado sus testamentos”, ha señalado Loyola. El IMCO y Transparencia Mexicana impulsan una iniciativa de “candidato transparente”, en la que demandan cese la opacidad sobre las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los candidatos. En el caso de Querétaro, quienes se han sumado a esta iniciativa son el candidato del PAN a la gubernatura, Francisco Domínguez Servién, y algunos otros panistas, quienes demandan al priista Loyola que haga lo propio. No obstante, para el candidato del PRI la exigencia se reduce a un “lamentable espectáculo político”. “Creo en la transparencia, creo en la rendición de cuentas y creo en la participación ciudadana como las mejores herramientas para combatir la corrupción. Por eso hoy propongo que no nos limitemos a declarar, convoco a que construyamos transparencia en serio. Hagamos de Querétaro no sólo el estado más educado, sino el más transparente”, atajó. Pese a sus promesas, en redes sociales varios ciudadanos solicitan al priista que haga pública su declaración patrimonial.