OAXACA, Oax. (apro).- Representantes de organizaciones internacionales exteriorizaron su preocupación debido a que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas se encuentra acéfalo, situación que pone a los beneficiarios y solicitantes bajo un alto riesgo. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), International Service for Human Rights (ISHR), Jass-Asociadas por lo Justo, Latin America Working Group Education Fund, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) también identificaron fallas preocupantes en la implementación del Mecanismo. En un documento fechado en Bruselas y Washington, las ONG refrendaron su preocupación ante la crisis que está frenando la implementación del Mecanismo en los últimos meses. Su denuncia la sostienen porque en febrero y marzo pasados, Víctor Manuel Serrato, director de la Unidad de Derechos Humanos, quien supervisaba el buen funcionamiento del mecanismo, y Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dimitieron de sus funciones y dejaron acéfalo el Mecanismo y en una situación similar a la de marzo del año pasado. Y aunque Roberto Campa Cifrián llegó al relevo de Limón el martes 23, ya pasaron casi dos meses desde la salida del director de la Unidad de Derechos Humanos y hay poca claridad sobre cuándo se cubrirá esta posición de forma permanente. Por ello consideraron que la ausencia de dirección pone al Mecanismo bajo un alto grado de presión y obstaculiza la función para la cual fue diseñado, poniendo a activistas y comunicadores --tanto beneficiarios como solicitantes en espera de una aceptación-- bajo un riesgo aún más alto. También señalaron preocupación debido a que la calidad y el número de análisis de riesgo han disminuido considerablemente y hay pocos incentivos para mejorar esta situación. Esto se debe en parte a la falta de recursos de la Unidad de Derechos Humanos. Y es que, según miembros del Consejo Consultivo, los analistas de la Unidad han tenido que cubrir ellos mismos sus gastos de viaje desde octubre pasado. Además resaltaron que las medidas de protección siguen siendo implementadas muy lentamente. Las personas defensoras y periodistas permanecen en riesgo mientras esperan que las medidas otorgadas durante las juntas de gobierno sean implementadas. Por otra parte, organizaciones civiles nacionales han informado que hay un seguimiento inadecuado de las medidas una vez concedidas y en otras ocasiones la autoridad no ha sido capaz de responder con eficacia. Además, existe una falta de claridad en los criterios de admisión de casos y los asuntos aceptados se implementan de manera parcial o contradictoria. Por otra parte, la impunidad generalizada pone a las personas defensoras y periodistas en un riesgo aún más alto, ya que hay pocos avances sustanciales en las investigaciones relativas a los delitos cometidos en su contra y como resultado de su trabajo. A pesar de que los miembros del Consejo Consultivo han demostrado un muy alto nivel de compromiso hacia el Mecanismo, sus puestos son voluntarios y no remunerados. En consecuencia, el tiempo que le pueden dedicar al Mecanismo es limitado por otros compromisos. Es por ello que las ONG recomendaron cubrir el cargo de director de la Unidad de Derechos Humanos; garantizar que todos los cargos dentro de ella sean permanentes; una mayor transparencia en el funcionamiento de esa instancia, y asegurar que haya una financiación adecuada para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de esa institución.