MÉXICO, D.F., (apro).- Al menos una quinta parte de los 40.2 millones de niños que viven en el país no tiene garantizados sus derechos básicos, como educación y una vida digna. Según Mauricio Padrón Innamorato investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, unos 900 mil menores realizan diversas actividades laborales no remuneradas, sin incluir los que viven en situación de calle. Y de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), seis millones niños entre 3 y 7 años no acuden a la escuela. Para Padrón Innamorato la cifra de niños que trabaja es alta si se toma en cuenta que se refiere específicamente a menores que tienen hogar o están dentro de núcleos familiares. Definitivamente, dice el investigador, los niños comprenden el sector más vulnerable de la sociedad mexicana: viven pobreza y desigualdad y eso se manifiesta no sólo en fenómenos como el trabajo, acceso a servicios de salud, educación, abandono, violencia, si no que alcanza al incumplimiento de sus derechos. Por ello considera que en México hace falta un diseño institucional que haga efectivos los derechos de los menores, y mecanismos de vigilancia y control para que las leyes, normas, y convenios, se cumplan. Las figuras conocidas como Procuradurías de Defensa del Menor que existen en los estados, son “insuficientes” para reducir los abusos contra el sector porque no existen recursos y esquemas administrativos para el tratamiento efectivo. “No son suficientes las procuradurías del menor, tiene que ver con el diseño administrativo institucional y cuestión de recursos, pero además la niñez históricamente ha sido invisibilizada, en términos culturales; México es un país, donde se entiende que los niños no tienen derechos y tienen qué hacer lo que los padres quieran”, subrayó en entrevista con Notimex. Para resarcir esta cuestión, advirtió, es necesario establecer programas o políticas públicas integrales, que incluyan la educación de adultos sobre este tema. El diagnóstico de la Conapred no es mejor. La dependencia asegura que los niños son discriminados, de entrada, por su edad. Su espacio se reduce al ámbito de la propiedad familiar, donde se les invisibiliza, se le determinan el ejercicio de sus derechos, y se justifica “todo tipo de castigos como medio de educación”, incluso, se les obliga a laborar. De los 40.2 millones que conforman la población infantil, seis millones entre los 3 y 7 años no acuden a la escuela; 6.6 millones hablan una lengua indígena y de ellos 15.8% de tres años y más no habla español. El porcentaje de niños con discapacidad en relación con la población infantil es de 1.6%, mientras que seis de cada 100 habitantes de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. Las que más hablantes tienen son náhuatl, maya y lenguas mixtecas. Para el Conapred lograr la inclusión educativa plena, de toda la sociedad debe adquirir una nueva actitud. “Este tipo de educación debe dar respuesta a la diversidad estudiantil con base en los derechos a la educación y a la no discriminación, debe tender las bases para consolidar una sociedad que aprecie a todas las personas y acoja de manera natural la diversidad” afirma el organismo. El derecho a la no discriminación, asegura, es la base para garantizar una educación inclusiva, así como la llave para el acceso real a otros derechos humanos. Se trata de uno de los fundamentos de toda sociedad democrática. De hecho, refiere el Conapred, son derechos plasmados en la Constitución. El artículo 4° señala que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.