MÉXICO, D.F. (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, entraron en polémica sobre la propuesta del primero de incrementar el salario mínimo a 82.86 pesos en todo el país. En el marco de la celebración del Día del Trabajo, Mancera y Beltrones coincidieron en un acto público realizado en la Universidad Obrera, en el Centro Histórico, donde el diputado priista justificó la negativa de la aprobación de la desindexación del salario mínimo. El sonorense argumentó que el Congreso aprobó las reformas estructurales, en particular la energética, “para crecer, generar empleo y con esto crecimiento económico, para combatir la desigualdad”. Y sostuvo que las reformas también han permitido reducir costos de diversos servicios en beneficio de los trabajadores. De cualquier forma, reparó, en el Senado de la República se encuentran diversas iniciativas en análisis, incluida la del jefe de Gobierno y otra del PRI, que podrían ser dictaminadas en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, el mandatario capitalino defendió su propuesta y afirmó que “si hoy cuesta menos la larga distancia, si hoy ya no va a subir la gasolina, si hoy va a comenzar a bajar el servicio eléctrico, pues es un buen momento para que puedan subir los salarios”. Mejorar el salario mínimo, dijo, es una deuda histórica y una causa justa de la que no quitará el dedo del renglón. Mancera Espinosa recordó que hace un año colocó en el centro del debate nacional la recuperación del salario mínimo y lamentó que en el Senado no se alcanzaran los consensos para aprobar la desindexación, por lo que refrendó su compromiso para que el salario de los trabajadores mexicanos sea parte de la agenda nacional y apeló a la voluntad política de los legisladores. “El posicionamiento es claro. Más allá de la recuperación del salario estamos hablando de un problema ético, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Es una lucha por los que menos tienen, por los que menos ganan, y porque es justo, porque les corresponde”, dijo frente a Beltrones y Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El ejecutivo local agregó que la negativa no desanima su causa, por el contrario: “Estamos hablando de diálogo, de construcción, de generación de condiciones, de la necesidad del impulso de los legisladores, estamos hablando del cumplimiento en los hechos de la palabra”, dijo e insistió en la necesidad de generar empleos dignos y debidamente remunerados. “Hablamos de todos, de hombres, mujeres, de adultos mayores, de los jóvenes emprendedores, de los trabajadores del campo, de las trabajadoras del hogar, de los trabajadores con discapacidad, de todos los que están generando el motor económico de nuestro país”, subrayó. El jefe del gobierno capitalino recalcó que ya se ha demostrado que el salario mínimo en México es de los más bajos de América Latina y que es posible un alza inmediata a 82.86 pesos para alcanzar la canasta básica, sin provocar inflación. “No solamente hay que hablarlo en la televisión, no solamente hay que hablarlo en lo spots, hay que hablarlo en la realidad. Hay que discutirlo y demostrar que se tiene voluntad política para que esto sea una realidad en nuestro país. La razón nos asiste, está claro, el aumento es posible”, enfatizó. En el Distrito Federal abundó ya se demostró que sí se puede avanzar puesto que esta ciudad la Asamblea Legislativa planteó la Unidad de Cuenta y ya cuenta con la figura del “proveedor salarialmente responsable”. A la fecha, dijo, 33 mil trabajadores que estaban contratados por honorarios o contratos temporales, ahora tienen un salario mínimo de 82.86 pesos, jornada de ocho horas y seguridad social. Además señaló que en congruencia con su propuesta, buscará desplegar un vasto programa de certificación de trabajadoras del hogar mediante la emisión de una norma que procure protegerlas y registrarlas en un padrón oficial que implique una progresiva incorporación a la seguridad social. Asimismo, anunció la liberación de 200 plazas de la administración pública local para que sean destinadas exclusivamente a personas con discapacidad con un salario de 82.86 pesos.