MÉXICO, D.F. (apro).- Movilizaciones para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al cumplirse ocho meses de la tragedia, se registraron en Guerrero, Chiapas y Chihuahua, entre otras entidades, donde los manifestantes descolgaron propaganda electoral de postes y espectaculares y desalojaron oficinas gubernamentales. En Guerrero, miembros del magisterio disidente y organizaciones sociales protestaron en distintos puntos de la entidad para seguir exigiendo justicia por el caso Iguala. En la capital guerrerense, Chilpancingo, los manifestantes se dirigieron a la caseta de peaje de la autopista Del Sol en el poblado de Palo Blanco y, luego de permitir el paso libre de automovilistas, se retiraron porque llegaron agentes federales. Enseguida, los cetegistas a bordo de unidades de transporte público realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad donde retiraron propaganda electoral, destruyeron parquímetros y desalojaron oficinas gubernamentales. La acción concluyó en el zócalo capitalino, donde los inconformes advirtieron que van a impedir las elecciones. Las protestas por Ayotzinapa se extendieron al puerto de Acapulco y las regiones de la Montaña y Costa Chica, donde los manifestantes también insistieron en el boicot electoral por considerar que la clase política sólo representa a la delincuencia. Bloquean palacio en Chiapas Cientos de normalistas, maestros y campesinos se movilizaron en diversas regiones de Chiapas para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho meses. Luego de la marcha-mitin de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, los manifestantes quemaron llantas y propaganda electoral en la plaza central de esta ciudad. Asimismo, bloquearon las puertas de Palacio de Gobierno, lo que derivó en que decenas de empleados quedaran atrapados por varias horas, incluidos Elvira Cruz Gordillo y Thomas Wissing, funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los funcionarios de la ONU en México, quienes desde el lunes recorren diversos puntos de la entidad para constatar la situación de los migrantes guatemaltecos, habían llegado a la sede del gobierno  estatal para sostener un encuentro con el director de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, Francisco Fernando Pérez Robles. Otro grupo de manifestantes cerró por varias horas la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. En la zona norte, cerca de 600 indígenas integrantes de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz) realizaron bloqueos carreteros: uno a la altura del punto conocido como Pulpitillo sobre la vía Yajalón-Tila, y el otro en la desviación al municipio de Sabanilla de la misma carretera. Clausura simbólica en Chihuahua En Chihuahua y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un grupo de más de 50 personas clausuró de manera simbólica la "Galería de la memoria y la recuperación de la paz", que muestra en cuatro pisos de un edificio del centro de la ciudad imágenes de personas decapitadas y ejecutadas, así como masacres, entre otros hechos violentos. En el marco de la octava jornada nacional por los desaparecidos de Ayotzinapa, los manifestantes recordaron: "Fue el Estado". Javier Arzizu refirió que ahora los ciudadanos de México "ya no somos los mismos". Hilda de la Vega, de Red por la Participación Ciudadana, a nombre de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos en general dio a conocer que decidieron clausurar la galería porque muestra de manera burda y agresiva hechos de extrema violencia sucedidos en la entidad durante los últimos años. "Es un acto violatorio a los derechos humanos de las víctimas del delito, que en esta entidad se cuentan por miles y que permanecen impunes; atenta contra la salud mental y emocional de la población; banaliza la violencia e inseguridad que aún se vive en el estado y en el país, vulnera los principios de la seguridad ciudadana y prevención social de la violencia, cuyo compromiso y obligación de garantizarlas son de los gobiernos estatal y municipal y para lo cual han recibido cientos de millones de pesos de la Federación en los últimos años". En ese sentido, llamó a que pasaran funcionarios del Instituto Chihuahuense de la Cultura, de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado que estaban vigilando la manifestación, a que les explicaran cuánto les costó esa galería y de qué forma piensan recuperar la paz con ésta. Exigieron al gobernador César Duarte, al fiscal general y al secretario de Educación, Cultura y Deporte, que se clausure de inmediato esa muestra fotográfica, respeto total y absoluto al derecho de las víctimas y de la población en general y una disculpa pública por esa "vergonzosa y lamentable ocurrencia, que dista de ser un espacio para la reflexión y aprendizaje". (Con información de Ezequiel Flores Contreras, Isaín Mandujano y Patricia Mayorga)