MÉXICO, D.F. (apro).- Después de casi siete años en prisión, hoy fueron absueltos en forma definitiva los cuatro acusados por el gobierno de Felipe Calderón de haber atacado con granadas a las personas que la noche del 15 de septiembre de 2008 se concentraron en la plaza cívica de Morelia, Michoacán. El juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, determinó la liberación de los inculpados debido a que tres de ellos fueron torturados para declararse culpables, tal y como lo documentó la revista Proceso en noviembre de ese año en su edición 1670. A pesar de la tortura y del uso de falsas acusaciones de testigos protegidos, fueron consignados por la Procuraduría General de la República, entonces a cargo del hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. De acuerdo con el abogado de uno de los acusados, Fernando Espinosa de los Monteros, uno de los exculpados es Jorge Eduardo Costilla Sánchez o Carlos Rodríguez Estrada, El Coss, señalado como autor intelectual y quien formaba parte del Cártel del Golfo, que entonces tenía como brazo armado a Los Zetas, a quienes se responsabilizó de la embestida. Se trató del primer ataque contra la población civil en México después de que Calderón le declarara la guerra al narcotráfico. La ofensiva dejó ocho muertos y 106 heridos. Además de El Coss, fueron acusados Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea. El defensor de este último fue Espinosa de los Monteros. En testimonios a Proceso, los tres relataron las torturas y amenazas de muerte a las que fueron sometidos para declararse culpables. A pesar de que numerosos testimonios indicaron que al momento de los ataques los inculpados se encontraban con sus familias en el puerto de Lázaro Cárdenas, a dos horas y media del lugar de los hechos, la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEIDO, los procesó después de haberlos recibido en una operación encubierta encabezada por el general retirado Arturo Acosta Chaparro (Proceso 1768), asesinado el 20 de abril de 2012 en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México. El juez concluyó que los tres acusados como autores materiales fueron sometidos a tortura antes de que fueran presentados ante la SIEDO, “donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban”, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajos los efectos de la tortura. Aun así, la PGR los presentó ante la televisión, “explicando” cómo habían arrojado una granada contra la multitud y una más al momento de huir. Ese hecho también fue declarado por el juez como violatorio de los derechos constitucionales de los acusados. Además de la tortura, de los testigos protegidos y la exhibición mediática de sus confesiones, la PGR se valió de la firma falsa de uno de los acusados. Fue una fabricación de pruebas, determinó el juez. Sin mencionar directamente a Costilla Sánchez, el Consejo de la Judicatura Federal señaló que fue absuelto porque no se acreditó que fuera uno de los líderes de Los Zetas. El Coss, en efecto, formaba parte de la dirección del Cártel del Golfo. Por separado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que interpondrá el recurso de apelación en contra de la resolución del juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco sobre la sentencia absolutoria para cuatro personas que habían sido acusadas por esa dependencia de ser los autores de los atentados con granadas en el Zócalo de Morelia, hace casi seis años.