MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace semanas, el nombre y la fotografía oficial del presidente Enrique Peña Nieto desaparecieron del portal de la Presidencia de la República. La veda electoral impide la promoción de la imagen de los servidores públicos, y aunque las actividades presidenciales prevalecen con todo y difusión de discursos, selfies, fotografías, videos y transmisiones en vivo, el nombre y la imagen del mandatario fueron eliminados de manera temporal. Sin embargo, en una acción inusual, Enrique Peña Nieto publicó este miércoles un artículo en al menos cinco diarios que se editan en la Ciudad de México (La Jornada, El Universal, Excelsior, Milenio y el Financiero) para abordar las virtudes de la reforma constitucional que promulgó esta tarde en Palacio Nacional, en compañía de servidores públicos y legisladores. Fotografía en algunos diarios, firma en todos, el texto expresa más o menos lo mismo que en el discurso pronunciado hoy. A tres años de haberse comprometido a crear una Comisión Nacional Anticorrupción, e inclusive prometer una iniciativa antes de tomar posesión, el presiente Enrique Peña Nieto promulgó finalmente las reformas en la materia que implicaron 14 cambios al articulado constitucional. En el discurso y el artículo, calificó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la reforma transformadora número 12, pues –sostuvo– se trata de un cambio de paradigmas, “una reforma contra la impunidad”. A principios de agosto de 2014, Peña Nieto promulgó el paquete de reformas y nuevas leyes en materia energética, mientras el PRD se levantaba de la mesa del Pacto por México. Y mientras el mandatario daba por cerrado “el ciclo reformador”, el dirigente panista Gustavo Madero lo llamaba a no olvidar el pendiente de la ley anticorrupción. Fue hasta meses después, ya inmerso en el escándalo de la “Casa Blanca” de las Lomas, cuando anunció una serie de medidas y la discusión legislativa posibilitó concretar los consensos, pese a la crispación prelelectoral. De acuerdo con Peña Nieto, “para superar un problema estructural” se requiere “una respuesta estructural”, y a su juicio la reforma implica un cambio de paradigma, pues ahora quien incurra en actos de corrupción será sancionado y deberá resarcir el daño. “Como Presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo. Abundó en que la reforma establece y articula el Sistema Nacional Anticorrupción, con un comité integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y un comité ciudadano del propio Sistema. Además, destacó que se fortalecen las facultades de la ASF, que ahora podrá reducir los tiempos de fiscalización, revisar ejercicios fiscales previos y conocer sobre ejercicio prespuestales de estaos y municipios. También observó que se crea un modelo distinto de justicia administrativa, además de que el titular de la SFP deberá ser ratificado por el Senado. Finalmente, Peña Nieto destacó que la reforma constitucional establece “una hoja de ruta” para el tinglado legislativo secundario. Esto quiere decir que el sistema creado no podrá operarse hasta que el Poder Legislativo analice, discuta y en su caso apruebe las leyes que harán efectiva la reforma constitucional. La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción fue una propuesta de Peña Nieto en mayo de 2012, cuando las movilizaciones del movimiento #yosoy132 parecían empañar un proselitismo que, conforme a los estudios de opinión, eran mero trámite. El 21 de mayo de 2012, el mexiquense dio a conocer su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”, en el que ya planteaba la creación de dicho sistema. El asunto no se volvió a tocar hasta que, en el contexto de las movilizaciones contra el resultado electoral, anunció tres iniciativas, entre ellas la creación del nuevo modelo anticorrupción. La iniciativa jamás pasó, hasta el 27 de noviembre pasado, en medio de las movilizaciones que exigían justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y del escándalo de la “Casa Blanca”, construida y financiada por el contratista gubernamental, Juan Armando Hinojosa Cantú. Fue entonces cuando el presidente expuso un nuevo manifiesto, conocido como “Decálogo por la seguridad y la justicia”, en cuyos dos últimos puntos expresaba su respaldo a la creación del sistema anticorrupción y diferentes medidas para “un gobierno abierto”.