México, D.F., 28 de mayo (apro).- Catedráticos e investigadores de más de 30 instituciones públicas y privadas de educación superior reprobaron el rumbo por el que el gobierno federal conduce al país a través de políticas públicas fallidas en materias educativa, económica, fiscal y social, entre otras. Como sustento, los académicos –miembros del Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo– difundieron este jueves el documento ‘Reconstruyamos nuestra nación’, contundente desde el inicio: “Compartimos la indignación y el hartazgo de la ciudadanía ante la crisis de derechos humanos, la inseguridad pública, la violencia y la complicidad entre autoridades y delincuentes; ante la corrupción y los pactos de impunidad explícitos o implícitos que estimulan los crímenes y fomentan el enriquecimiento ilícito; ante la flotante casta de políticos que luchan por los cargos públicos como botín, pero no conectan con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos; ante los privilegios que se auto asignan los altos funcionarios públicos y la vida de reyes que se dan con dinero de los contribuyentes; ante la afrentosa desigualdad que ubica al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México como el mejor pagado del planeta (con un salario mensual de 563 mil 417 pesos) y al salario mínimo en México (de 2 mil 132 pesos al mes) como el más bajo no solo entre los países de la OCDE sino también de América Latina; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y exilio de más de 12 millones de mexicanos que se han ido al extranjero durante las últimas tres décadas en busca de empleos que no encuentran en nuestra patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de la mayoría de los mexicanos”. Redactado por casi 30 expertos coordinados por el doctor José Luis Calva, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el texto se basa en los trabajos de investigación del Consejo –con independencia de todos los partidos políticos– desde una perspectiva universitaria, con la finalidad de proponer políticas públicas alternas, “capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático”. Entre sus conclusiones, el documento destaca que en México se han cumplido por lo menos tres décadas perdidas para el desarrollo. En el periodo 1983-2014, señala, el crecimiento del PIB ha sido de 2.3% anual (1.8% en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto), “de modo que el PIB per cápita apenas ha crecido a una tasa media de 0.6% anual en estos 32 años”. Continúa: “Los ingresos medios de los campesinos se redujeron más de un tercio en términos reales; se agigantó el sector informal de la economía hasta incluir a 58% de los ocupados, y más de 30 millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Nos enfilamos así hacia una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes”. Los investigadores proponen derogar la reforma energética para asegurar su “sostenibilidad” y devolver plena soberanía al Estado en dicho sector. Entre tanto, urgieron a implementar medidas en materia de transparencia y rendición de cuentas que garanticen la difusión y la consulta pública de autorizaciones, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades, asociaciones y coinversiones que el gobierno pacte con particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales. Plantearon también instrumentar una reforma educativa “auténtica”, que resuelva de raíz las desigualdades de acceso, permanencia y resultados de aprendizaje, incrementando la calidad. En México, argumentaron, se evaden más de 300 mil millones de pesos en el pago de impuestos anualmente, siendo el país que menos recursos recauda entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El documento sostiene que el país debe transitar a un sistema tributario moderno, capaz de proveer al Estado de recursos suficientes para el cumplimiento de sus responsabilidades en el desarrollo económico y social, “sin aumentar la carga fiscal de la población de bajos ingresos ni la pagada por la clase media y por las mipymes”. Para ello proponen: mejorar considerablemente la fiscalización y combatir resueltamente la evasión fiscal; ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación; gravar con una tasa normal del Impuesto sobre la renta (ISR) los dividendos recibidos por los accionistas de las empresas; gravar las ganancias bursátiles obtenidas por personas físicas con una tasa normal de ISR; gravar las herencias mayores de 10 millones de pesos con elevadas progresividades; gravar las grandes ganancias de capital de las personas físicas; gravar al capital especulativo extranjero, y gravar las transferencias de capitales mexicanos al exterior, entre otras medidas. Entre los firmantes del documento están: John Ackerman (UNAM), Genaro Aguilar (IPN), Sergio Aguayo Quezada (Colmex), Adolfo Álvarez Macías (UAM-X), Alberto Aziz Nassif (CIESAS), Julio Boltvinik (Colmex ), Orlando Delgado Selley (UACM), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Marisol Silva Laya (UIA), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (Inifap) y Enrique Valencia Lomelí (UDG), entre otros. El resto de las propuestas y el documento completo pueden consultarse en www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx)