MÉXICO, D.F. (apro).- A casi siete años de la detención de Lorena González Hernández, exagente de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), ocho organizaciones sociales interceden por ella ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para exigir que “cese las prevalecientes violaciones a derechos humanos que la mantienen en prisión desde el año 2008”. En una carta dirigida al juez Trigésimo Segundo Penal del TSJDF, Jesús Ubando López, las organizaciones abogan por un juicio justo para González Hernández, presa desde el 5 de septiembre de 2008 en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de formar parte de “La banda de la Flor” y de participar en el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí. Fernando fue secuestrado el 4 de junio de 2008, junto con su chofer y escolta, quien sobrevivió al suceso. En agosto de ese año fue encontrado el cuerpo sin vida del menor. El caso fue considerado como “razón de Estado” por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, quien encomendó al entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, “detener a los responsables, a cualquier precio”, recordaron las organizaciones sociales. La misiva firmada por Asociadas por lo Justo, Balance para el Desarrollo y Juventud, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Equis: Justicia para Mujeres, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, expone ampliamente las irregularidades identificadas en el caso de González Hernández. “Desde la detención de Lorena, su defensa y organismos defensores de derechos humanos han documentado diversas violaciones al debido proceso legal y detectado la alteración de las evidencias y hechos, a fin de incriminarla ilegalmente”, señalan las firmantes, ante la inminente sentencia que emitirá en próximas semanas el juzgado penal. Las organizaciones señalan que funcionarios del DF, en particular el actual jefe de Gobierno, Mancera Espinosa, a quien le correspondió resolver el caso del secuestro y homicidio de Fernando Martí, han eludido “la responsabilidad política y legal, el esclarecimiento de los hechos ocurridos y reconocer la verdad histórica”. Por ello, acusan al jefe de Gobierno, a la PGJDF y al TJDF de “graves omisiones y violaciones” que han permitido “mantener la ilegal y arbitraria detención de Lorena González Hernández”, a quien se le siguen dos procesos en el juzgado Trigésimo Segundo Penal. De los agravios contra la procesada, las organizaciones resaltan que dentro de la SSPF “realizaba labores administrativa y no operativas” cuando fue detenida “arbitrariamente” por agentes de la PGJDF. También afirman que el señalamiento en su contra surgió de una “denuncia anónima” dejada en el buzón de Mancera Espinosa, a pesar de que existía una cuantiosa recompensa para quien proporcionara datos de los responsables de los hechos. De acuerdo con expediente, resaltan, “no había ninguna orden de arresto o detención librada contra Lorena González Hernández”, cuando fue obligada a presentarse ante el Ministerio Público del DF “para recabar información en relación con el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí. Sin embargo, en ningún momento se le informó que sería arrestada y luego detenida indefinidamente”. A ello, agregan que el único testigo que la señala como responsable “tiene problemas visuales que pondrían en duda la veracidad de su señalamiento acusatorio”. Peor aún, dicen que no fue éste quien la describió, sino que “fue la autoridad investigadora la que mostró la foto a fin de inducirlo a incriminar a Lorena”; la imagen databa de cuatro años antes de ocurridos los hechos. Más allá de lo anterior, las organizaciones defensoras recuerdan que en el fuero federal es procesada María Elena Ontiveros Mendoza, quien confesó ser la persona que participó en el secuestro del adolescente Martí Haik ante la PGJDF. Ahora, añaden, ésta “pretende sostener la duplicada acusación”, ya que ambas mujeres “están siendo juzgadas por hacer exactamente lo mismo y como si fueran una sola persona”, a pesar de que existen “medios de prueba que acreditan la responsabilidad penal” de Ontiveros Mendoza. Las organizaciones firmantes reprueban en su comunicación dirigida al juez Ubando López que “a Lorena se le ha negado la posibilidad de aportar medios de prueba de suma importancia y especial trascendencia para conocer la verdad histórica y legal, así como para demostrar su inocencia, tal y como ocurre con la negativa a recabar las prueba de cargo que han ofrecido y desahogado en el proceso penal que se sigue por los mismos hechos en contra de María Elena Ontiveros Mendoza, a la que se le imputa idéntica participación que a Lorena González Hernández, cayendo así en contradicción y duplicidad de acusaciones penales”. Al recordar que el caso de Lorena González ha sido documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, entre otras organizaciones nacionales e internacionales, las firmantes exigen al juez que “ejerza a cabalidad sus atribuciones como órgano de impartición de justicia y no como un agente que obstaculiza e incrimina”. Le demandan también que reciba y analice las pruebas ofrecidas por la procesada y su defensa y que cese el hostigamiento a su abogado, Rodrigo Higuera Zogaib, quien se vio obligado a apegarse al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humano y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Tras exigir una sentencia apegada “a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”, las organizaciones firmantes exhortaron a la CDHDF a emitir una recomendación a partir de la investigación iniciada por ese organismo en octubre de 2010. Copias de la carta fueron dirigidas al presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar; al jefe de Gobierno Miguel Ángel Macera, al procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza; así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales; al representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho Humanos, Javier Hernández Valencia, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.